La Defensoría del Pueblo advertía sobre la presencia de cinco grupos armados ilegales disputándose el control territorial y negocios ilícitos como microtráfico, prostitución, extorsión y los puertos para envío de drogas al exterior.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra Ricardo Andrés Díaz Pérez, comandante del Gaula Militar Caribe; José Luis Agudelo Jaimes, comandante de la Segunda Brigada del Ejército, Jorge Armando Ortiz Toro, comandante del Batallón de Policía N.º 2 de Barranquilla.
Además, también serán investigados Yesid Turbay Pereira, exsecretario del Interior del Atlántico; Jaime Navarro Herrera, exsubsecretario de Participación Comunitaria del Atlántico; Bertulfo Gutiérrez Vásquez y Piedad Ahumada, profesionales especializados de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla; Leonel Morrón Maiguel, secretario de Gobierno de Puerto Colombia; y Luis Carlos Oquendo, secretario de Gobierno de Galapa, como funcionarios cargo de la respuesta rápida a la Alerta Temprana N° 0 037 de 2020.
De acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público, para la época de los hechos (2019 a 2023), estos servidores no adelantaron de forma oportuna los planes o acciones necesarias para mitigar, alejar o disuadir, los escenarios de riesgos planteados; lo que posiblemente ayudo a que se consumaran los hechos violentos.
La alerta señala que entre la población más vulnerable por el accionar de estas estructuras armadas están comerciantes, tenderos, defensores de derechos humanos, docentes, estudiantes universitarios, líderes sociales, juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas, representantes de población desplazada, sindicalistas, población con orientación sexual e identidad de género diversas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros.
Entre las pruebas requeridas por la Procuraduría están las copias de las actuaciones adelantadas, si las hubo, por las entidades a cargo de los mencionados funcionarios para cumplir con los requerimientos hechos en la Alerta Temprana n. 0 037 de 2020, con el fin de mitigar los riesgos de esta población.
También los listados completos de otros servidores públicos que tuvieron responsabilidades asociadas con el cumplimiento de dicha solicitud.
