Dos de las ocho víctimas fueron torturadas para que entregaran las claves de sus cuentas bancarias, según las investigaciones hechas por la Fiscalía.
En las últimas horas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cuatro presuntos integrantes de una red criminal dedicada a asaltar mujeres en Medellín.
Los detalles conocidos en el desarrollo de la investigación, permitieron que la Fiscalía General de la Nación imputara a los procesados los delitos de hurto, concierto para delinquir y secuestro extorsivo, todas las conductas agravadas, y tortura.
Los investigados fueron identificados como Miguel Ángel Botero Mosquera, María Paula Sierra Alba, William Samuel Suárez Rubiano y David Alonso García Restrepo, quienes entre el 17 de diciembre de 2023 y el pasado 1 de abril habrían secuestrado a ocho mujeres en los barrios El Poblado, Suramericana, Laureles, El Rodeo, Belén y Robledo, de la capital antioqueña.
La investigación fue adelantada con enfoque diferencial con perspectiva de género, por un fiscal destacado ante el Gaula Medellín, el cual evidenció que las víctimas eran contactadas a través de redes sociales, para que prestaran a domicilio servicios como masajistas o damas de compañía.
El ente acusador estableció que cuando las mujeres llegaban a los inmuebles eran desnudadas, amarradas y golpeadas, y de esa manera forzadas a entregar las claves de sus teléfonos celulares y de las aplicaciones bancarias.
Labores de policía judicial evidenciaron que una de las víctimas fue quemada con una plancha en sus genitales y en sus ojos por no recordar la información que le exigieron, luego habrían rociado alcohol sobre sus heridas. Otras mujeres fueron quemadas con parafina en la espalda y les hacían creer que se trataba de ácido; en otros casos les habrían cortado el cabello con cuchillos y les habrían causado lesiones en los senos con arma blanca.
“Las denuncias conocidas por la Fiscalía demostraron que los agresores apagaban las luces de los inmuebles en donde se cometían los hechos y subían el volumen de los equipos de sonido para evitar que se escucharán los gritos de las agredidas”, indica el informe judicial.
Información en poder de la Fiscalía daría cuenta que en los ocho eventos investigados, los procesados se habrían apropiado de más de 80 millones de pesos, representados en dinero en efectivo, joyas y las pertenencias personales de sus víctimas.
