Fueron tres patrulleros y un intendente que se desempeñaban como investigadores y analista de comunicaciones, respectivamente, los que, al parecer, “indujeron en error a un fiscal”.
La Fiscalía General de la Nación reveló este 2 de junio que se están adelantando inspecciones judiciales y se ordenó que sean realizadas diligencias de interrogatorio a tres patrulleros y un intendente de la Policía Nacional, quienes se desempeñaban, uno como analista de comunicaciones, y los otros tres como investigadores, por el escándalo de las chuzadas a dos exempleadas de Laura Camila Sarabia Torres, quien en las últimas horas renunció a su cargo como jefa de Gabinete del Gobierno de Gustavo Petro.
Estos procedimientos judiciales serán realizados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación. Cabe recordar, que el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, indicó el jueves 1 de junio que, como parte de las investigaciones que realiza la entidad por la pérdida de un dinero en la residencia de Sarabia Torres, se estableció que las líneas telefónicas de dos extrabajadoras de la funcionaria fueron interceptadas de manera ilegal para establecer si tenían o no conocimiento sobre el paradero de 4.000 dólares extraviados.
Barbosa Delgado indicó que el pasado 30 de enero, un día después de que Sarabia y su esposo pusieron en conocimiento la pérdida del dinero, integrantes de la DIJIN de la Policía Nacional elaboraron un informe que indicaba la necesidad de intervenir los teléfonos de la exniñera del hijo de la jefe de Gabinete con el supuesto de que sería la cocinera de alias Siopas, cabecilla de la subestructura Jairo de Jesús Durango, y el de la persona que ayudaba en las labores domésticas porque estaría vinculada al componente logístico de alias Omar, segundo cabecilla de dicho grupo armado.
En medio de un plan para lograr el objetivo de las interceptaciones, con ese documento los uniformados “indujeron en error” a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, con sede en Chocó, que obtuvo ante un juez de control de garantías autorización para “interceptar” las comunicaciones de las dos mujeres quienes, como lo logró determinar el ente investigador, “no tenían nada que ver con lo que estaba plasmado en el informe de Policía Judicial”.
“Podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia (…). Esto es una burla a nuestra Judicatura porque utilizan un informe de Policía Judicial falso para meterlo en Quibdó, en un despacho de crimen organizado, porque posteriormente se tiene que llevar este documento ante un juez diciéndole que hay un informe de Policía Judicial que dice que se tiene certeza de información de una fuente humana, toda vez que es de confianza de los cabecillas e integrantes de la organización criminal”, expresó el Fiscal General de la Nación.
Las tres líneas investigativas que avanzan a la fecha:
- Una por la afectación al patrimonio económico de Sarabia Torres, relacionada con la pérdida del dinero en su residencia.
- La práctica del polígrafo a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la funcionaria, para establecer su posible responsabilidad en la desaparición de la suma denunciada.
- La interceptación ilegal a las líneas de las dos extrabajadoras de la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República y demás actuaciones asociadas con esta irregularidad.
El fiscal general anunció: “En los próximos días se llamarán a interrogatorio con defensor y en algunos casos se llamará a imputación a todos los responsables de estos hechos. No solamente en este caso, sino en los hechos que están en investigación relativos a este caso, que involucra un hurto que hubo y que involucra unas prácticas que fueron denunciadas esta semana y que se añaden a algo que es grotesco en el país y es que las chuzadas hayan vuelto en Colombia”.
En medio de este escándalo, Armando Benedetti, embajador de Colombia ante Venezuela renunció a su cargo, ¿por qué se vio involucrado?: Sarabia, excolaboradora de Benedetti, le habría pedido ayuda a este frente al tema de la prueba a la que sometió a la exniñera para que la persuadiera de no ventilar ante la prensa lo sucedido, por lo que él se llevó a la mujer a trabajar Venezuela, con la “excusa” de que cuidara a sus niños.
Sin embargo, terminó estallando el escándalo por la investigación clandestina y la Fiscalía tomó cartas en el asunto, al igual que Meza contó lo sucedido a Semana y cómo se sintió secuestrada el día en que la sometieron al polígrafo.
