El ente acusador, entre otras pruebas presentadas, señaló que en el trámite precontractual no se estableció el precio del contrato, que se fijó en 4.950 millones de pesos.
Por: Iván Peña Ropaín.
La Fiscalía General de la Nación, la tarde del jueves 21 de noviembre, le imputó a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documentos, derivados estos del entonces trámite precontractual de un proceso de contratación.
La medallista olímpica en Sídney 2000 fue presentada ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías, escuchándose en la diligencia que violó las normas de contratación establecidas en el Decreto 1622 de 2022, las cuales ordenaron al Ministerio del Deporte liderar el proceso de contratación para la implementación de un software denominado ‘Sistema de Validación Nacional’.
Dicho sistema tenía como función principal asociar las boletas de los hinchas del fútbol con sus documentos de identidad y permitir la verificación de antecedentes, con el objetivo de poner en marcha las restricciones de derecho de admisión en los estadios.
No obstante, según el ente investigador, el proceso de selección del contratista tenía que ser abierto y garantizar la concurrencia de oferentes, pero Urrutia habría optado por seleccionar al contratista de manera directa.
Además, la exministra, sostiene la Fiscalía, buscó en dos ocasiones a intermediarios para adjudicar el contrato, pero los condicionó al subcontratar a una empresa particular con la que se habría acordado desde el inicio que se quedaría con el proyecto.
Se informó que los elementos de prueba develaron que la expesista valluna no atendió las advertencias que le hizo su equipo técnico y jurídico sobre las irregularidades durante el proceso de contratación, decidiendo adentrarse a firmar un convenio interadministrativo con una entidad pública indirecta el 30 de diciembre de 2022.
Otro de los puntos que el ente investigativo calificó de grave fue que Urrutia habría dado avales de funcionarios que no participaron en la estructuración de las condiciones ni en la selección del beneficiario, no justificando tampoco la razón por la cual se contrató de manera directa, evadiendo de cierto modo la obligación de convocar una licitación pública.
