Presuntamente, afectó el área de un inmueble al disminuirlo de 95 a 5 hectáreas.
El registrador de Instrumentos Públicos de Barranquilla, Rafael José Pérez Herazo, fue suspendido durante tres meses por determinación de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Presuntamente, Pérez Herazo adelantó una actuación y con esta afectó “el área de un inmueble disminuyéndolo de 95 a 5 hectáreas”. Esta decisión se desencadenó tras una denuncia presentada en contra del funcionario.
La denunciante indicó que “tal situación jurídica previamente había transitado a cosa juzgada en una decisión que se expidió en la Resolución 261 del 27 de abril de 2009, en la que se concluye que el predio tenía el área descrita”, según informó la Oficina de Control Interno de SNR a través de un comunicado.
La suspensión provisional encuentra su fundamento en el artículo 35 de la Ley 734 de 2002 el cual reza: “A todo servidor público le está prohibido incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en las normas y tratados internacionales vigentes en el país”.
El auto de suspensión indica: “Rafael José Pérez Herazo, Registrador de Instrumentos Públicos de la ORIP de Barranquilla, tenía a su cargo el deber funcional dentro del proceso de registro, de mantener incólumes los principios de rogación, especialidad, prioridad o rango, legalidad, legitimidad y tracto sucesivo; debiendo velar y proteger el buen funcionamiento de la ORIP, lo cual al parecer no se desplegó, con lo cual se causó un perjuicio que fue señalado por la quejosa”.
Para la Oficina de Control Interno según el actuar del funcionario que encabeza la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, ORIP, de Barranquilla, se posibilita que “continúe cometiendo las conductas objeto de investigación disciplinaria de esta actuación, toda vez que lo que se investiga es adelantar actuaciones sin el lleno de los requisitos legales y contrariando decisiones que hacen tránsito a cosa juzgada, generando con ello inseguridad jurídica”.
“El estado de la Oficina es crítico”
Entre el 6 y el 30 de diciembre de 2021 se desarrolló un proceso de la mano de la Procuraduría General de la Nación, tras el cual se estableció que “el estado de la Oficina es crítico, toda vez que se evidenció preocupantes atrasos e incumplimientos de los procesos y procedimientos que rigen la actividad registral“.
Teniendo en cuenta los hallazgos, la Superintendencia tomará acciones de correctivas y preventivas. Esto se encontró:
- En la revisión aleatoria de los tiempos de respuesta entre la radicación y la entrega a usuarios de los documentos registrados se encontraron demoras injustificadas.
- Se encontró posible negligencia en el impulso de actuaciones administrativas en cinco casos, dos con más de cinco años de estudio sin que se profiera una decisión. Una de cuatro años en la misma situación y otras dos con más de un año de trámite.
- Se encontró que para una matrícula inmobiliaria se adelantó una actuación administrativa en la que se ordenó la incorporación de una afectación a vivienda familiar sin que en el momento de registro se hubiere liquidado el derecho para esta anotación. Esto en contravención de una medida cautelar de embargo que se registró con posterioridad.
- Se documentaron cuatro casos en los que se hicieron registros inmediatos de documentos que no correspondían con el protocolo de las notarías en los que se tuvo que adelantar actuación administrativa
- Se encontraron inconsistencias en la publicidad de la tradición de un folio pues, al parecer se trata de un bien público al que le aparecen registros de dominio privado.
- Se evidenció desorden en las carpetas con documentos en proceso de registro.
