Abelardo de la Espriella cumple sus primeros 95 días como presidente con una ofensiva nacional que también involucra el traslado de reclusos y operativos urbanos que han dejado más de 32.000 presuntos delincuentes y criminales capturados.
Este 11 de noviembre se cumplen puntualmente 95 días de Abelardo de la Espriella como presidente de la República de Colombia, cargo que asumió el pasado 7 de agosto del 2026 tras ganar las elecciones de junio ante Iván Cepeda, del pacto Histórico. Durante campaña, una de las consignas del ‘Tigre’ fue el tema de la recuperación de la seguridad del país y la lucha frontal contra el crimen organizado, la delincuencia urbana y el narcotráfico.
En ese sentido, vale la pena reconocer los resultados positivos de estos primeros tres meses de gobierno, en donde ha firmado extradiciones, ha acompañado operaciones policiales en las principales urbes del país, ha ordenado bombardeos y ha propinado golpes contundentes a las organizaciones criminales con la muerte de algunos cabecillas como alias Bendito Menor y Cholo (Autodefensas Conquistadoras de las Sierra Nevada), Negro Perea (Clan del Golfo) y otros mandos medios de estructuras ligadas a las disidencias de las FARC, el ELN, entre otras.
De la Espriella asumió la presidencia con la promesa de recuperar el control territorial, fortalecer la fuerza pública y enfrentar de manera directa a las organizaciones armadas y las estructuras dedicadas al narcotráfico. Durante la campaña, uno de sus principales compromisos fue implementar un plan de choque de 90 días para recuperar la iniciativa del Estado en materia de seguridad. La estrategia contemplaba perseguir objetivos de alto valor, capturar cabecillas del narcotráfico y del crimen organizado y devolver la capacidad de control a las autoridades en los territorios afectados por la violencia.
Uno de los ejes centrales de su política giró en torno al cierre de las mesas de diálogo y de las conversaciones sociojurídicas heredadas por el gobierno anterior y orientó su estrategia hacia la presión militar, policial y judicial contra las estructuras ilegales.
El cambio de orientación se ha materializado en operaciones ofensivas, bombardeos contra campamentos de grupos armados, persecución de cabecillas, extradiciones y despliegues especiales en ciudades con problemas de seguridad.
Al acecho de los criminales y sus organizaciones delictivas
Uno de los componentes más visibles de los primeros tres meses ha sido el fortalecimiento de las operaciones militares contra el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. De acuerdo con los seguimientos realizados metódicamente, entre el 11 de agosto y el 11 de agosto se han ejecutado ocho bombardeos contra estas organizaciones terroristas, como las denomina él.
La estrategia también ha estado dirigida contra los mandos de las organizaciones criminales. Según cifras divulgadas por el vicepresidente José Manuel Restrepo y recogidas por medios nacionales, durante los primeros 90 días se reportaron 35 cabecillas capturados o dados de baja y más de 32.000 capturas en el conjunto de las operaciones de las autoridades.
Uno de los casos más destacados fue la operación contra Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, señalado como uno de los cabecillas visibles de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El hombre fue abatido en Riohacha, La Guajira, en el marco de la ofensiva contra los objetivos de alto valor, el pasado 3 de septiembre.
De frente contra el narcotráfico
Otro punto aparte que constituye uno de los capítulos más importantes del balance es la lucha contra el narcotráfico. El Gobierno nacional ha concentrado sus esfuerzos en incrementar los decomisos de estupefacientes, perseguir las rutas internacionales de comercialización, afectar las finanzas de las organizaciones criminales y fortalecer la cooperación con otros países.
Según las cifras del Ministerio de Defensa, con corte al 5 de noviembre de 2026, las incautaciones de clorhidrato de cocaína llegaron a 196.559 kilogramos, frente a 146.406 kilos en el periodo comparable de 2022, durante el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Esto representa un incremento del 34 %.
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El comportamiento fue especialmente significativo en las operaciones internacionales, donde los decomisos crecieron un 76 %. En el componente nacional, el aumento fue del 1 %. Estas cifras permiten identificar una mayor actividad de interdicción, particularmente en las acciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas, esto gracias al respaldo del Gobierno de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump.
No obstante, el balance también revela dificultades en otros componentes de la política antidrogas. La erradicación de cultivos ilícitos disminuyó un 66 %, al pasar de 13.696 a 4.591 hectáreas, mientras que la destrucción de infraestructura utilizada por el narcotráfico registró una caída del 27 %.
Extradiciones de señalados narcos y criminales
Otro de los mecanismos que el Gobierno ha utilizado para combatir las organizaciones criminales es la cooperación judicial internacional, particularmente con Estados Unidos. Durante los primeros tres meses de administración se reportó la firma de 156 resoluciones de extradición, una cifra que el Ejecutivo presentó como parte de su estrategia para perseguir a los responsables de delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Este mecanismo, según lo señalado por el presidente Abelardo de la Espriella, busca impedir que los cabecillas de las estructuras ilegales encuentren espacios de protección y mantener la presión judicial sobre quienes son requeridos por autoridades extranjeras.
Uno de los antecedentes más visibles de esta política fue la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, identificado como cabecilla de los Comandos de la Frontera y requerido por la justicia estadounidense. Su entrega se produjo el 25 de septiembre y fue presentada por el Gobierno como una muestra de su determinación de avanzar en la cooperación internacional contra el narcotráfico.
Es importante hacer una distinción: las 156 resoluciones firmadas por el jefe de Estado no equivalen a 156 personas efectivamente extraditadas. Son decisiones administrativas dentro de procesos que pueden requerir diferentes actuaciones judiciales y diplomáticas.
Seguridad urbana: megaoperativos en Medellín, Bogotá,, Cali, Barranquilla y Cúcuta
La política de seguridad también se trasladó a las principales ciudades del país, donde el Gobierno puso en marcha intervenciones especiales contra las estructuras dedicadas al homicidio, el hurto, la extorsión, el tráfico de estupefacientes y otras modalidades delictivas.
En este frente se destacan los operativos desarrollados en Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cúcuta, con participación de la Policía, las Fuerzas Militares y las autoridades judiciales.
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En Bogotá, por ejemplo, las autoridades reportaron la desarticulación de diez bandas criminales durante uno de los megaoperativos. En Medellín, las intervenciones estuvieron dirigidas contra estructuras que afectaban la seguridad urbana, mientras que en Cúcuta se desplegaron acciones especiales ante la situación de orden público de la ciudad.
Una de las apuestas institucionales fue la creación de los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana (BODSU), concebidos como un mecanismo de coordinación para enfrentar el delito en las ciudades.
La estrategia pretende fortalecer la presencia de las autoridades, mejorar la capacidad de reacción y concentrar los esfuerzos contra las organizaciones que mantienen redes criminales en zonas urbanas. El despliegue también estuvo acompañado de la militarización de Santa Marta en septiembre y de Cúcuta a finales de octubre, como respuesta a las respectivas crisis de seguridad.
Traslados de presos y medidas para recuperar el control penitenciario
El Gobierno también incluyó el sistema penitenciario dentro de su estrategia contra el crimen organizado, bajo el argumento de que las estructuras delincuenciales no deben continuar coordinando actividades ilícitas desde los establecimientos carcelarios.
Entre el 7 de agosto y el 4 de noviembre, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó 3.951 traslados de personas privadas de la libertad. De ese total, 2.124 movimientos respondieron a razones de seguridad, según lo manifestado por el Ministerio de Justicia.
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En el terreno legislativo, uno de los resultados más relevantes de los primeros meses fue la aprobación y sanción de la Ley 2640 de 2026, conocida como Ley de Sometimiento. La norma fue sancionada por el presidente el 4 de noviembre y constituye uno de los principales instrumentos jurídicos de su política contra las organizaciones criminales.
Durante la campaña, De la Espriella había planteado que no habría negociaciones políticas con estructuras dedicadas al narcotráfico y otras actividades delictivas. La Ley de Sometimiento busca materializar esa orientación mediante un mecanismo de sometimiento a la justicia ordinaria.
El modelo establece que los integrantes de organizaciones criminales que pretendan acceder a beneficios jurídicos deberán cumplir condiciones como:
- Entregar las armas y abandonar las actividades ilegales.
- Proporcionar información sobre rutas del narcotráfico, financiadores y redes de apoyo.
- Entregar los bienes y recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
- Contribuir a la reparación de las víctimas.
- Colaborar en la liberación de personas secuestradas y en la búsqueda de desaparecidos.
- Aportar información sobre menores reclutados y facilitar su entrega.
Para establecer si las acciones del Gobierno están teniendo un efecto sobre la seguridad ciudadana, es necesario revisar los indicadores de criminalidad y no limitar el balance a los operativos realizados. El consolidado del Ministerio de Defensa, comparado con el mismo periodo de 2022, muestra los siguientes comportamientos:
- Los homicidios pasaron de 3.303 a 3.151 casos, es decir, hubo una reducción del 4,6 %.
- Las masacres pasaron de 27 a 22 casos. Hubo una disminución de 18,5 %.
- El terrorismo se incrementó exponencialmente un 304 %.
- El secuestro más del 56 %.
- El reclutamiento de menores aumentó 152 %.
- La extorsión también subió un 5,5 %.
- Los ataques contra la fuerza pública también se dispararon. Durante estor tres meses del Gobierno De la Espriella han sido asesinados 35 uniformados, mientras que en 2022 la cifra fue de 24.
