El reclutamiento de menores se disparó 152 % y el confinamiento de comunidades 155 % en estos primeros tres meses, pese a la estrategia de “mano dura” que viene implementando el presidente y su administración.
En los primeros tres meses del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el pasado 7 de agosto de este año, las cifras oficiales del Ministerio de Defensa revelan un deterioro en varios indicadores clave de seguridad vinculados a la acción de grupos armados organizados. La comparación con el mismo periodo del inicio del gobierno de Gustavo Petro muestra incrementos notables en el reclutamiento de menores, el secuestro, la extorsión, los homicidios perpetrados por guerrillas y disidencias, y los ataques contra la fuerza pública.
Uno de los datos más alarmantes corresponde al reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes. Los registros pasaron de 52 a 131 casos, lo que representa un aumento del 152 %. Este fenómeno, atribuido principalmente a estructuras como el ELN y las disidencias de las FARC, refleja la persistente vulnerabilidad de las comunidades rurales y la capacidad de estos grupos para renovar sus filas a costa de la infancia.
Paralelamente, los delitos contra la libertad individual también registraron alzas. El secuestro creció un 56 %, al pasar de 54 a 84 casos, mientras que la extorsión aumentó un 5 %, de 2.437 a 2.571 registros. Aunque el incremento en extorsión es más moderado, ambos indicadores evidencian que las economías ilegales de estos grupos continúan afectando a la población civil.
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En el frente de los homicidios, el panorama es mixto pero preocupante en lo relacionado con la violencia armada. El total de homicidios intencionales mostró una leve reducción del 4,6 % (de 3.303 a 3.151). Sin embargo, los asesinatos de personas atacadas por grupos armados organizados se dispararon de 124 a 515, un incremento del 315,3 %. Esta modalidad, ligada directamente a la acción de guerrillas y disidencias, subraya la intensificación del conflicto en varias regiones del país.
Los ataques contra la fuerza pública completan este balance negativo. Durante los primeros 90 días se registraron 38 uniformados asesinados y 213 heridos, lo que equivale a un aumento del 58 % en los homicidios y del 72 % en los lesionados respecto al periodo comparable anterior. De las víctimas mortales, 21 correspondieron a militares del Ejército (un alza del 163 %), 16 a policías y uno a la Armada Nacional.
El ELN aparece como el principal responsable, con 12 asesinatos y 76 uniformados heridos atribuidos, seguido por las disidencias de las FARC con 10 asesinatos y 52 heridos. Incidentes como el ataque con drones explosivos al cantón militar de Santa Rosa del Sur (Bolívar) el pasado 7 de noviembre, que dejó tres militares muertos y 16 heridos, ilustran la sofisticación de estas agresiones.
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Estos indicadores, reclutamiento, secuestro, extorsión, homicidios por grupos armados y agresiones a la fuerza pública, dibujan un escenario en el que, pese a la estrategia de “mano dura” anunciada por el nuevo gobierno y el aumento de operaciones militares, la capacidad ofensiva de las estructuras ilegales se ha mantenido o incluso intensificado en varios frentes.
El confinamiento de comunidades también se disparó un 155 % (de 8.436 a 21.482 personas) y los casos de terrorismo se cuadruplicaron (+304 %), lo que refuerza la percepción de un conflicto aún lejos de controlarse.
Las cifras, provenientes de reportes oficiales del Ministerio de Defensa, sirven como termómetro de los retos que enfrenta la administración del presidente Abelardo de la Espriella en materia de orden público a apenas tres meses de haber iniciado su mandato.
