Ingerir este tipo de productos manipulados con químicos peligrosos o con concentraciones que exceden los límites permitidos por las autoridades de salud podría tener consecuencias mortales.
En un contundente operativo adelantado por la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Fiscalía, la Dian y el Gaula Militar, se logró desmantelar en Barranquilla dos fábricas que funcionaban de manera clandestina y en las que, al parecer, se producían, almacenaban, distribuían y comercializaban ilegalmente suplementos para lograr mayor potencia o resistencia a la hora del sexo.
A través de un comunicado, las autoridades que propinaron este golpe informaron: “Se hallaron 36.068 unidades de suplementos sexuales, además de materias primas, insumos químicos, envases, etiquetas, maquinaria y demás elementos que, presuntamente, eran utilizados para la elaboración artesanal y posterior comercialización de estos productos destinados al consumo humano”.
Tras la operación, en la que fue capturada una persona, se estableció que la mercancía incautada está valorada en cerca de $520 millones. Al detenido le imputaron el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, aunque se mantiene la presunción de inocencia al ser señalado como presunto responsable.

Al respecto, el capitán Juan Lasso Ramírez, jefe de la División de Control Operativo Barranquilla de la Policía Fiscal, sostuvo: “Este resultado demuestra la capacidad operativa y el trabajo articulado de las autoridades para combatir las estructuras criminales que atentan contra la salud pública”.
Se advirtió que este tipo de productos, que no cuentan con la legalidad sanitaria, se convierten en una seria amenaza para la salud de las personas que los consumen, muchas veces sin saber que están siendo engañadas, pues los delincuentes cada vez más se las ingenian para hacerlos pasar como si fuesen originales.
Igualmente, las respectivas autoridades señalaron que, una vez estos productos, que no cumplen con las normas de salud, salen al mercado, atentan contra la economía de aquellos comerciantes formales que sí cumplen con la legalidad en todos sus aspectos, perjudicando con ello la economía de quienes laboran legalmente.




