Los traslados se hicieron vía aérea por el Inpec y con apoyo de la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció este sábado el traslado de 33 personas privadas de la libertad desde la isla de San Andrés hacia establecimientos de máxima seguridad en Bogotá. La operación, coordinada entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, forma parte de las medidas de su gobierno para reforzar el control del Estado sobre las estructuras criminales que operan desde las cárceles.
“He ordenado el traslado de 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia Bogotá, en una operación coordinada entre nuestra gloriosa Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional”, informó el mandatario a través de su cuenta en X.
En el mismo mensaje, envió una advertencia directa a quienes, según el Gobierno, continúan delinquiendo desde los centros de reclusión: “A los criminales les digo con absoluta claridad: en la era del Tigre, la autoridad se respeta y las órdenes se cumplen”.
De la Espriella subrayó que no se tolerarán privilegios ni desafíos a la autoridad estatal. “No permitiremos que las estructuras criminales sigan sembrando el miedo ni pretendan desafiar al Estado desde las cárceles. Aquí no hay espacio para privilegios ni contemplaciones con la delincuencia. ¡La seguridad de los colombianos está por encima de todo!”, afirmó.
La medida se enmarca en la política de mano dura que ha caracterizado los primeros meses de su gobierno, iniciado el pasado 7 de agosto tras su victoria en las elecciones presidenciales. El presidente había advertido previamente durante un Consejo de Seguridad en la isla sobre la necesidad de trasladar a reclusos de alto perfil que, según las autoridades, seguían coordinando actividades delictivas desde San Andrés.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que los reclusos fueron ubicados en centros de máxima seguridad del interior del país. El anuncio se produjo en la noche del 31 de octubre, en medio de las celebraciones de Halloween.
Con este traslado, el Gobierno busca interrumpir las cadenas de mando criminales que, de acuerdo con las autoridades, se han mantenido activas desde las prisiones insulares y han contribuido a la generación de miedo en la población.
