En la siguiente nota le reseñamos cuáles tributos tendrían modificaciones, qué tarifas aumentarían o bajarían, cuáles se mantendrían iguales y qué medidas entrarían en vigor, de manera general, a partir del año gravable 2027, de aprobarse, claro está.
Por: Iván Peña Ropaín.
El Gobierno de Abelardo De la Espriella se ha ganado una lluvia de vituperios tras poner sobre la mesa un proyecto que denominó “Ley de Rescate Fiscal”, iniciativa que buscaría reducir el gasto estatal y aliviar las finanzas de la Nación. Sin embargo, detrás de los anuncios de austeridad también aparecen modificaciones tributarias que tienen a más de uno revisando la calculadora, según han advertido sus críticos.
Tal proyecto de ley, radicado ante el Congreso de la República el pasado jueves 29 de octubre, contempla cambios en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el impuesto de renta, los aportes a salud y los gravámenes al consumo. Aunque hay que señalar que la propuesta de la administración De la Espriella todavía debe surtir su trámite en el Legislativo, por lo que sus disposiciones podrían modificarse durante los debates. Por ahora, no son impuestos nuevos que ya estén vigentes. Eso hay que aclararlo desde ya.
Pero, entre los cambios que se han advertido, uno de los puntos que podría generar mayor impacto en el día a día de los consumidores de la canasta familiar es la eliminación de la tarifa reducida del IVA del 5 %. Es decir, productos como el azúcar, los aceites, las pastas y algunos derivados del café pasarían a la tarifa general del 19 %. También se plantea modificar el tratamiento de bienes como las bicicletas y los vehículos eléctricos e híbridos, así como el de servicios que actualmente cuentan con condiciones especiales.
La controvertida iniciativa también pone la lupa sobre las compras que los colombianos realicen por internet. Los pedidos realizados en plataformas internacionales como Shein, Temu y Amazon, que hoy pueden beneficiarse de una exención cuando su valor no supera los 200 dólares, pasarían a pagar IVA sin importar su precio. La intención del Ejecutivo, según ha explicado el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, es reducir las ventajas tributarias de los productos importados frente a los comercializados por empresas nacionales.
Otro cambio que merece la atención de los colombianos está relacionado con el impuesto de renta de las personas naturales. El proyecto propone reducir el umbral a partir del cual se comienza a tributar, lo que ampliaría el grupo de ciudadanos obligados a pagar este impuesto. Igualmente, contempla ajustes en las rentas exentas, las deducciones y los beneficios por dependientes.
Pero para la salud, que bastante golpeada está, también habría un “¡tome pa’ que lleve!”: los trabajadores que reciban ingresos superiores a dos salarios mínimos tendrían que aportar un porcentaje mayor. Para ello, se establecería una escala progresiva que llegaría hasta el 8 % para quienes devenguen más de veinte salarios mínimos. Los independientes también enfrentarían ajustes en sus cotizaciones, con porcentajes que podrían alcanzar el 15,5 %.
Pero no todo apunta a mayores cobros. El Gobierno nacional plantea reducir gradualmente el impuesto de renta de las empresas, cuya tarifa general pasaría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028. También propone un régimen especial para determinadas inversiones nuevas, con tarifas reducidas y condiciones de estabilidad tributaria.
La lista incluye modificaciones en los impuestos al patrimonio, los licores, los cigarrillos, los vapeadores y las bebidas azucaradas. En el caso del patrimonio, se propone elevar el monto mínimo para quedar sujeto al gravamen y establecer una tarifa máxima del 1 %. Para los productos con alcohol y nicotina, en cambio, se contemplan ajustes en los impuestos al consumo.
¿Y qué recibirían los hogares de menores ingresos a cambio de algunos de estos cambios? El proyecto incorpora el mecanismo “EfectIVA”, con el que el Ejecutivo pretende devolver total o parcialmente el IVA a la población vulnerable, de acuerdo con su clasificación socioeconómica. El programa comenzaría a operar en plenitud en 2028, si la ley es aprobada.
Así las cosas, la “Ley de Rescate Fiscal” no se limita a apretarle el cinturón al Estado. También redistribuye las cargas tributarias entre consumidores, trabajadores y empresas. La discusión de fondo será determinar quién termina asumiendo el mayor peso del ajuste y si los recortes, los nuevos recaudos y las devoluciones anunciadas alcanzan para cumplir la promesa de sanear las cuentas públicas.
