“Los errores de la gestión pública no se quedan en los despachos: terminan reflejados en la factura de la gente”.
Columna de opinión por: Germán Darío Londoño Montalvo
Hace un mes advertí que la tarifa del kilovatio volvería a subir. Hoy, las cifras reportadas vuelven a poner sobre la mesa una discusión que algunos prefirieron ignorar: la crisis energética del Caribe necesita menos discursos y más decisiones.
Durante el gobierno de Gustavo Petro, el costo del kilovatio para los usuarios de Air-e pasó de niveles cercanos a $1.072 a $750 pesos por kwh , manteniéndose alrededor de ese valor durante un periodo significativo.
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Las decisiones relacionadas con la generación eléctrica pública, particularmente Gecelca y Urrá, formaron parte de las herramientas para contribuir al abastecimiento y aliviar la presión tarifaria.
Sin embargo, ningún alivio tarifario es sostenible sin planeación, respaldo energético y una estructura financiera capaz de soportarlo.
¿Qué está pasando ahora?
- El Arca de Noé sigue navegando por el Caribe, pero todavía no conocemos el rumbo. La magnitud de la crisis exige una hoja de ruta integral, con metas verificables, responsables definidos y resultados medibles. La incertidumbre no puede convertirse en política de Estado.
- Una crisis de 16 años no se resuelve en tres meses. Se requiere una combinación de decisiones técnicas, regulatorias, financieras, sociales y económicas. No existen soluciones mágicas, pero sí existe la obligación de actuar con oportunidad y rigor.
- Se ideologizó el empalme y se corre el riesgo de descuidar el presente. Auditar el pasado, revisar contratos y establecer responsabilidades es legítimo y necesario. Lo inaceptable sería convertir esa tarea en una excusa para aplazar las decisiones urgentes. La continuidad del servicio exige anticipación, contratación oportuna y una estrategia clara de abastecimiento.
Si llegara a materializarse un apagón por fallas de planeación o decisiones tardías, las responsabilidades deberán establecerse con base en los hechos, las competencias y las actuaciones de cada institución. - ¿Y la Superintendencia de Servicios Públicos? El Caribe necesita una autoridad de vigilancia con independencia, capacidad técnica y herramientas efectivas para intervenir cuando corresponda. La supervisión debe traducirse en resultados concretos, especialmente cuando están en juego la continuidad del servicio y los derechos de millones de usuarios.
La crisis de Air-e no nació ayer. Sus causas son estructurales y acumulativas. Pero quien tiene responsabilidades de gobierno hoy debe responder por las decisiones que adopta y por las que deja de tomar.
No se trata de defender gobiernos ni de condenarlos por anticipado. Se trata de entender que la energía no admite improvisaciones: exige planeación, regulación coherente, disciplina financiera y decisiones respaldadas por evidencia.
Para concluir; los errores de la gestión pública no se quedan en los despachos: terminan reflejados en la factura de la gente.
Al final, la crisis energética no se mide únicamente en kilovatios ni en cifras tarifarias: se mide en la mesa de cada hogar. Los usuarios están mamados de tener que elegir entre comer o pagar la factura de energía. La electricidad no puede convertirse en un lujo ni el recibo de la luz en una condena para las familias. El desafío es garantizar un servicio sostenible, con decisiones técnicas, tarifas justas y una gestión transparente. Porque la transición energética solo tendrá sentido si mejora la vida de la gente, no si la obliga a vivir con más angustia.
