El cabecilla del grupo armado organizado fue extraditado al país norteamericano junto a otras seis personas.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó este viernes la extradición a Estados Unidos de Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo, uno de los principales cabecillas del Frente 33 de las disidencias de las Farc, estructura con fuerte presencia armada en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. El disidente fue entregado junto a otras seis personas requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico.
Según reportes oficiales, Henao Gutiérrez salió de la cárcel La Picota el jueves 22 de octubre y fue trasladado por efectivos de Interpol hasta quedar en poder de las autoridades estadounidenses. Una corte del Distrito Sur de Florida lo requiere por cargos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos, presuntamente vinculados a operaciones de procesamiento de cocaína entre 2021 y 2022.
Mocho Olmedo, señalado como segundo al mando del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes, bajo el mando de alias Calarcá, se entregó a las autoridades en febrero de 2025 en zona rural de Teorama, en medio de los intentos de diálogo de la política de “paz total” del entonces gobierno de Gustavo Petro.
En ese momento ya existía una solicitud de extradición en su contra. En lugar de ser recluido de inmediato en prisión, permaneció 55 días bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en un apartamento de Bogotá, medida justificada por el entonces comisionado de paz Otty Patiño para proteger su seguridad y permitir su participación en las negociaciones.
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición en 2025. Sin embargo, el gobierno Petro suspendió temporalmente su entrega, argumentando que su presencia en la mesa de diálogos con el Frente 33 era necesaria para el proceso de paz. La resolución establecía que la medida podía revocarse si dejaba de aportar de manera verificable a las negociaciones.
Ese escenario cambió en agosto de 2026. El gobierno de Abelardo de la Espriella reactivó la extradición de Henao Gutiérrez y de otros cabecillas que habían participado en procesos de diálogo, al considerar que no existían aportes concretos y verificables que justificaran mantener el beneficio. La decisión se enmarca en un giro de la política de extradiciones, que prioriza la entrega a Estados Unidos de líderes armados sin resultados tangibles en los procesos de paz.
Además de los cargos por narcotráfico en el exterior, la Fiscalía General de la Nación imputó a Mocho Olmedo por homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito de menores (se le atribuyen al menos 31 casos) y concierto para delinquir. Estos hechos se relacionan con la escalada de violencia en el Catatumbo desde enero de 2025, en el marco de la confrontación entre las disidencias de las Farc y el ELN.
Con la entrega de alias Mocho Olmedo, el gobierno de De la Espriella continúa con una política de extradiciones más estricta frente a integrantes de grupos armados que, pese a haber participado en mesas de negociación, no demostraron avances concretos hacia la paz.
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