Entre los afectados con la medida del Gobierno Trump se encuentran Ricardo Roa, Wadith Manzur, Yahir Acuña y otros excongresistas.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves la revocación de visas a siete destacadas figuras políticas y empresariales colombianas, medida que se extiende también a sus familiares. La decisión se enmarca en una política dirigida contra personas señaladas por presuntas acciones de corrupción o narcotráfico que socavan gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio.
Entre los afectados se encuentran Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022; Yahir Fernando Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo; Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exrepresentante a la Cámara; Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa; los exsenadores Julio Elías Chagüí Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla; y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.
El anuncio forma parte de una campaña más amplia impulsada por la administración de Donald Trump y liderada por el secretario de Estado Marco Rubio. Según el comunicado oficial, las restricciones alcanzan en total a 21 personas en Colombia, incluyendo familiares de los siete nombrados, y se suman a medidas similares aplicadas en Bolivia.
“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, señaló Marco Rubio.
La política, anunciada en septiembre, busca respaldar a los gobiernos democráticos de la región. En el caso colombiano, Washington expresó su apoyo al presidente Abelardo de la Espriella, en sus esfuerzos por eliminar la influencia criminal en instituciones del Estado, incluidos tribunales, fuerzas policiales y el Congreso.
Varios de los sancionados enfrentan procesos judiciales en Colombia. Roa está vinculado a investigaciones por tráfico de influencias durante su gestión en Ecopetrol y por presunta violación de topes de financiación en la campaña de 2022. Manzur y Manrique aparecen relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Acuña enfrenta señalamientos por enriquecimiento ilícito y posibles nexos con grupos armados, mientras Mesa ha sido condenado por vínculos con estructuras criminales.
