Comunidades de distintos sectores populares de Barranquilla aseguran que las llamadas reiteradas a las autoridades por el ruido generado por picós y equipos de sonido de alta potencia no siempre terminan en una solución.
Por: Yeinner Garcés.
La Ley 2450 de 2025, conocida como la Ley contra el ruido, fue sancionada el 4 de marzo de 2025 y entró en vigencia desde esa misma fecha. Su propósito es establecer una política integral para prevenir, controlar y reducir la contaminación acústica, asignando responsabilidades a las autoridades ambientales, alcaldías y Policía. La norma busca proteger, entre otros derechos, la tranquilidad, la convivencia, la salud, la intimidad y el derecho a un ambiente sano. (Función Pública)
Uno de los aspectos más relevantes es que la ley modificó las reglas de convivencia relacionadas con los sonidos y ruidos que afectan el sosiego de las personas.
Sin embargo, en diferentes comunidades de Barranquilla existe una percepción distinta: vecinos denuncian que los llamados realizados durante jornadas en las que los llamados picós, turbos o sistemas de sonido de alta potencia permanecen durante horas a elevados niveles de volumen no siempre producen una respuesta efectiva.
Para estas comunidades, el problema no se limita a una fiesta ocasional. Se trata de equipos capaces de generar sonido a gran potencia, instalados en sectores residenciales donde viven familias, adultos mayores, niños y personas que necesitan descansar.
La Ley 2450 ya está vigente. Las herramientas legales existen. La Policía tiene competencias para intervenir en determinadas situaciones y las autoridades ambientales y territoriales también tienen responsabilidades.
Por eso, el debate en Barranquilla ya no debería ser únicamente si existe una ley contra el ruido, sino algo mucho más concreto:
¿Se está aplicando de manera efectiva en los barrios donde los ciudadanos denuncian contaminación acústica?
La respuesta debería poder medirse con cifras: número de llamadas recibidas, operativos realizados, mediciones de ruido, equipos o actividades suspendidas, comparendos impuestos, establecimientos sancionados y reincidentes identificados.
Porque para una familia que intenta dormir mientras un turbo permanece a todo volumen durante horas, la existencia de una ley en el papel sirve de poco si la respuesta de las autoridades nunca llega.
