“Rechazamos categóricamente el documento espurio difundido recientemente por algunos medios de comunicación, cuyo contenido no corresponde al comunicado auténtico del 24 de octubre de 2025”.
A raíz de la controversia nacional por el denominado “Pacto de Valledupar” y las denuncias de Angie Rodríguez, exfuncionaria del gobierno Petro y de Salvatore Mancuso, exmiembro de las AUC, 11 excomandantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, firmaron un comunicado conjunto, emitido este 21 de octubre.
El pronunciamiento se produce días después de que se desatara un escándalo político tras las revelaciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Fondo de Adaptación (y antes vinculada al Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE), y declaraciones del propio exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Según sus versiones, durante una reunión institucional celebrada en octubre de 2025 en Valledupar, delegados del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro habrían intentado presionar o persuadir a los exjefes paramilitares para que testificaran en contra de figuras de la oposición, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Germán Vargas Lleras y el actual mandatario de la República, Abelardo de la Espriella.
Los firmantes calificaron de “espurio” un documento alternativo que circuló en varios medios de comunicación y enfatizaron que el único texto que reconocen es la declaración oficial de dos páginas firmada y leída el 24 de octubre de 2025 al término de las reuniones, evidenciado en un video en donde Angie Rodriguez lee textualmente dicho documento.
Comunicado
Ante las recientes publicaciones relacionadas con el denominado «Pacto de Valledupar», los excombatientes de las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia consideramos necesario realizar las siguientes precisiones ante la opinión pública:
1.- El único documento que reconocemos como auténtico es el Comunicado Conjunto No.1, del 24 de Octubre de 2025, compuesto por dos páginas. Su contenido fue leído íntegramente durante un acto público, por la entonces Directora del DAPRE, Doctora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, en la ciudad de Valledupar, registrado en un video de 4 minutos y 3 segundos, que ponemos a disposición de la opinión pública y cuya lectura coincide palabra por palabra con el documento original. Adicionalmente, ese mismo día, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) publicó las dos páginas del comunicado en su cuenta oficial de X (@DapreCol), confirmando públicamente el documento suscrito por representantes del Gobierno y gestores de paz.
Por lo anterior, rechazamos categóricamente el documento espurio difundido recientemente por algunos medios de comunicación, cuyo contenido no corresponde al comunicado auténtico del 24 de octubre de 2025. Es posible que el periodista que lo publicó haya sido asaltado en su buena fe al recibirlo como auténtico. Por ello, y conforme al artículo 20 de la Constitución Política, solicitamos que se rectifique la información divulgada y se retiren los señalamientos infundados que, con fundamento en ese documento, pretenden atribuirnos compromisos, intereses o propósitos que nunca fueron expresados ni consignados en la declaración oficial. La rectificación debe tener la misma visibilidad que tuvo la publicación original.
Asimismo, precisamos que cualquier información sobre el contenido y alcance de dicha declaración debe contrastarse con el documento original y con quienes lo suscribieron, por ser estos las fuentes directas y autorizadas para dar cuenta de lo allí expresado.
2.- Frente a estos señalamientos, consideramos necesario recordar que, durante más de veinte años, hemos comparecido ante las distintas instancias de la administración de justicia, tanto en el ámbito transicional como en la jurisdicción ordinaria, incluidas las altas cortes. En ese tiempo, hemos atendido diligencias judiciales, rendido versiones, testimonios, participado en actuaciones procesales y aportado información orientada al esclarecimiento de los hechos del conflicto armado.
En coherencia con ese compromiso, consideramos indispensable avanzar hacia el cierre jurídico definitivo del proceso de paz de Ralito, con seguridad jurídica, reconocimiento de los compromisos cumplidos y pleno respeto por los derechos de las víctimas. La reconciliación nacional requiere superar la incertidumbre jurídica y reconocer los avances alcanzados en el marco de este proceso.
Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con la paz, la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas, las garantias de no repetición, la reconciliación nacional, así como nuestra disposición de continuar colaborando con las autoridades judiciales competentes.
Rechazamos cualquier intento de instrumentalizar políticamente este proceso y hacemos un llamado al respeto por la verdad documental y los derechos de las víctimas.
