Sin duda, este tipo de noticias, más que fortalecer la imagen de esa institución frente al ciudadano, lo que hacen es deteriorarla más.
Por: Iván Peña Ropaín.
Luego de la alarmante información que develó en Caracol Radio la Inspección General y Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional, respecto a que entre enero de 2022 y el 8 de octubre de 2026, 1.751 uniformados fueron apartados de la institución por conductas relacionadas con corrupción, en redes sociales los ciudadanos coincidieron en un interrogante: ¿nos cuidan bandidos?
Según la preocupante, pero triste cifra entregada por esa dependencia de la Policía, la cual se encarga de liderar, prevenir y controlar el comportamiento ético y disciplinario de sus uniformados, las destituciones aumentaron de 168 casos en 2022 a 456 en 2023, mientras que 2025 registró el peor balance, con 477 uniformados retirados. En lo corrido de 2026, hasta la fecha del informe elaborado, ya eran 329 los policías destituidos en toda Colombia.
Este pésimo reporte de la entidad policiaca que, se supone, debe cuidarnos porque parte de sus salarios los devengan de los impuestos que paga el ciudadano, deja al descubierto los cargos ilegales que más perpetran: por ejemplo, un total de 652 uniformados fueron destituidos por concusión, cohecho o recepción de dádivas, mientras que otros 427 salieron por hurto y apropiación de bienes.
A lo anterior se suman casos relacionados con tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, extorsión y secuestro. En cuanto a las regiones en las que se han detectado agentes de policía involucrados en conductas delictivas, Bogotá encabeza el listado territorial con 453 destituciones, seguida de Antioquia, con 240, y Valle del Cauca, con 172.
Igualmente, la Inspección General y Responsabilidad Profesional reportó la apertura de 4.321 procesos disciplinarios por corrupción durante el periodo analizado, de los cuales 1.243 continuaban abiertos al corte informado. Entre los destituidos también figuran 79 oficiales, incluido un coronel.
Este escándalo, que deja mal parada a la Policía Nacional, cobra mayor fuerza tras el reciente anuncio del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, sobre agentes encubiertos dentro del Ejecutivo para investigar posibles hechos de corrupción en la administración pública. Según informó Caracol Radio, De la Espriella ordenó remitir las pruebas de posibles delitos a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, y anunció controles sobre contratos, anticipos, patrimonios y movimientos financieros.
