Los hechos investigados guardan relación con las revelaciones hechas por Eva Ferrer contra la exprimera dama Verónica Alcocer.
La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva indagación previa contra funcionarios por determinar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), tras las publicaciones de la revista SEMANA sobre posibles irregularidades y hechos de corrupción relacionados con el uso de aeronaves oficiales. Se trata de un segundo auto emitido por el organismo de control en medio de los señalamientos que han generado cuestionamientos sobre el manejo de estos recursos del Estado por parte de la exprimera dama Verónica Alcocer.
El caso tomó relevancia luego de que la exconsejera presidencial Eva Ferrer hiciera declaraciones a SEMANA sobre presuntos viajes de la entonces primera dama, Verónica Alcocer, a Venezuela en aviones oficiales. Según los señalamientos publicados por el medio, en esos desplazamientos se habrían transportado sustancias ilícitas y dinero en efectivo, acusaciones que deberán ser verificadas por las autoridades y que hasta ahora no constituyen hechos judicialmente establecidos.
A partir de esas revelaciones, el Ministerio Público busca establecer si existieron irregularidades en el uso de las aeronaves y determinar quiénes podrían tener responsabilidad disciplinaria. La indagación está dirigida inicialmente contra funcionarios cuya identidad aún debe establecerse, tanto de la FAC como del Dapre, entidades que habrían tenido relación con la operación de los vuelos y los procedimientos correspondientes.
Como parte de las actuaciones relacionadas con el caso, el ente de control también anunció el llamado a declarar bajo juramento a Eva Ferrer y a otras cinco personas: Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas. Además, ordenó practicar pruebas para esclarecer los hechos denunciados en las publicaciones periodísticas.
La Procuraduría explicó que el propósito de esta nueva actuación es identificar plenamente a los posibles responsables y recaudar elementos probatorios que permitan establecer si las conductas denunciadas ocurrieron y si tienen relevancia en el ámbito disciplinario. Por ahora, la apertura de la indagación no representa una declaración de responsabilidad contra los funcionarios o las personas mencionadas en las denuncias.
El avance de las pesquisas permitirá determinar qué ocurrió con los vuelos señalados, quiénes participaron en su organización y si se presentaron posibles faltas en el uso de recursos oficiales. Mientras tanto, el organismo de control continuará con la recolección de pruebas para esclarecer los señalamientos y establecer si hay méritos para adoptar nuevas decisiones dentro del proceso.
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