La Fiscalía señaló que no era funcionario público pero mandaba y habría direccionado varios contratos por un valor superior a $17.657 millones.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y Sebastián de Dios Ortega Urán, señalados de participar en graves irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).
Según el ente acusador, los hechos se relacionan con seis contratos suscritos de manera directa entre 2019 y 2023 entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor superior a los $17.657 millones, presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos legales.
La investigación evidenció que esta modalidad de contratación directa habría sido utilizada para direccionar los procesos y favorecer a un beneficiario específico. Además, se detectaron posibles sobrecostos en kits adquiridos durante la pandemia, pagos por servicios de transporte que nunca se prestaron y recargas de telefonía celular que tampoco se realizaron.
Estas y otras anomalías habrían ocasionado un detrimento patrimonial para el Estado superior a los $2.481 millones, de acuerdo con el material probatorio recaudado por la Fiscalía.
La investigación también reveló que Miguel Quintero Calle, pese a no ser servidor público, habría intervenido en los nombramientos de Juan David Palacio Cardona como director del AMVA y de Álvaro Villada García como subdirector Administrativo y Financiero, con el propósito de ejercer control sobre la contratación de la entidad.
Posteriormente, les habría ordenado direccionar los seis contratos en beneficio de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, gerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, a cambio de exigir el 15 % de los recursos desembolsados.
Por su parte, Ortega Urán habría sido el encargado de recibir el dinero en efectivo y entregárselo. Por estos hechos fueron imputados por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El juez impuso detención domiciliaria a Quintero Calle y medida no privativa para Ortega Urán, decisión que fue apelada por la Fiscalía.
