La actual magistrada de la Corte Suprema asumirá el 8 de octubre, cuando finalice su periodo en el alto tribunal de justicia.
En un anuncio emitido a través de sus redes oficiales, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó la designación de la magistrada Cristina Lombana como la nueva titular de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. La funcionaria asumirá sus competencias a partir del próximo 8 de octubre, una vez concluya formalmente su periodo constitucional en la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con lo expresado por el jefe de Estado, la llegada de Lombana tiene como objetivo central la estructuración y puesta en marcha de un “bloque de búsqueda contra la corrupción”. Este organismo articulará las capacidades institucionales, operativas y de inteligencia del Estado para investigar, perseguir y judicializar el desvío de fondos públicos.
“Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos. Vamos por todos los que se hayan atrevido a tocar la plata del pueblo colombiano. En este Gobierno, la corrupción no tendrá escondite, privilegios ni impunidad”, expresó el mandatario junto con el anuncio.
Cristina Lombana es abogada y con amplia trayectoria en el sector judicial. Su paso por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia estuvo marcado por la conducción de investigaciones complejas que involucran a altos dignatarios del fuero parlamentario.
Esta estrategia se enmarca en las prioridades en materia de seguridad, ajuste institucional y lucha anticorrupción promovidas por la administración de De La Espriella.
Sectores afines al Gobierno han resaltado la trayectoria de la magistrada dentro de las altas cortes y ven en el anuncio una señal de “mano dura” institucional para blindar los recursos del erario público. Por su parte, sectores críticos y de oposición cuestionan los antecedentes administrativos de la designada y exigen mayor veeduría y rendición de cuentas sobre la gestión de fondos públicos a nivel central.
