Pese al esfuerzo que hace el Gobierno nacional, en poblaciones del Chocó y del Eje Cafetero se pide mayor celeridad de los trámites para subsidios de arriendo y los relacionados con la vivienda.
Por: Iván Peña Ropaín.
Cumpliéndose un mes este jueves 10 de septiembre de la tragedia que golpeó a Colombia por el terremoto de magnitud 7.4 y que sacudió con fiereza poblaciones del occidente y del Eje Cafetero de Colombia, la respuesta del Estado se encuentra en una fase de transición crucial, pasando de la asistencia humanitaria inmediata a la planeación de una reconstrucción masiva.
En días posteriores de aquella fatídica mañana del lunes 10 de agosto, debido al fuerte movimiento telúrico que tuvo como epicentro el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se había declarado la Emergencia Económica, Social y Ecológica por el presidente Abelardo de la Espriella, medida que le otorga facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley, facilitando la agilización de recursos sin la aprobación previa del Congreso de la República.
En esa línea, el Gobierno nacional activó el que bautizó como el ‘Plan Milagro’, junto con un fondo exclusivo para canalizar recursos destinados a reconstruir infraestructura vital. A este se sumaron sectores privados y los más poderosos gremios económicos, que ya han comprometido 2 billones de pesos. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda ha estimado que el costo total de la reconstrucción podría ascender hasta los 40 billones de pesos.
Mientras se empiezan a diseñar los planes para la distribución de los recursos económicos, el actual Gobierno nacional, por medio de las alcaldías locales de las zonas afectadas, comenzaron a girar subsidios temporales de vivienda a los hogares registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD), cuyas casas quedaron destruidas o inhabitables.
Si bien los procesos se vienen elaborando y saliendo paulatinamente, hay que decir que la lentitud en regiones críticas dice “presente”. Por ejemplo, se han conocido noticias de habitantes en zonas vulnerables del departamento del Chocó (epicentro del sismo) y del Pacífico que están denunciando retrasos significativos en la llegada de la asistencia material y alimentaria. Muchas familias en Quibdó siguen autoalbergadas o reparando techos por cuenta propia.
En cuanto a muchos afectados del Eje Cafetero, estos andan expresando frustración por las barreras administrativas para activar pólizas de vivienda y la falta de flexibilización real en los créditos bancarios. Aunque entienden complejidad por la catástrofe, piden acelerar la tramitología.
Por otro lado, las organizaciones de socorro alertan que, tras 30 días del terremoto que deja 331 personas fallecidas, la recolección de ayudas humanitarias del sector civil ha empezado a disminuir, por lo que hacen un llamado a no bajar la guardia.
Recordemos que en el saldo que maneja la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también contabilizan 4.505 personas heridas, 111 ciudadanos aún sin localizar, 364 personas extraídas con vida de los escombros y 466.709 personas afectadas, correspondientes a 296.738 familias.
