21 uniformados que prestaban su servicio en la población fueron retirados de la zona tras la destrucción, mediante explosivos, de la subestación de Policía.
La zozobra y la incertidumbre han echado raíces profundas en las calles del corregimiento de Guamalito, en Norte de Santander. En una decisión tan drástica como reveladora de la crítica situación de orden público en el Catatumbo, las autoridades ordenaron el retiro total de los 21 uniformados de la Policía Nacional que custodiaban este estratégico corregimiento del municipio de El Carmen.
La retirada deja al centro poblado en una condición de absoluta vulnerabilidad y sin presencia institucional, en medio de un clima de inseguridad que no deja de escalar.
El detonante de este repliegue fue una cruenta ofensiva en menos de tres días. El primer embate ocurrió en la noche del viernes 4 de septiembre, cuando un sofisticado ataque con drones cargados de explosivos, acompañado por ráfagas de fusil, destruyó la subestación local y dejó tres policías heridos. Obligados a refugiarse en una vivienda vecina por los daños estructurales del cuartel, los uniformados volvieron a ser blanco de las bombas el lunes 7 de septiembre. Tras este segundo bombardeo, la permanencia de la fuerza pública en el sector se volvió insostenible.
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El alcalde de El Carmen, José Reinel Contreras, manifestó la profunda angustia que embarga a los habitantes y al gobierno local ante la desprotección estatal. La retirada policial expone a la población civil en una zona neurálgica: Guamalito no solo es un territorio golpeado por el conflicto, sino la puerta de entrada vital que conecta al departamento del Cesar con el corazón del Catatumbo, un corredor altamente disputado por grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC.
Frente a la emergencia, la Alcaldía Municipal dictó medidas restrictivas para intentar contener el caos. Durante todo el mes de septiembre rige la prohibición de movilidad para motocicletas y transporte de carga pesada entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., así como el veto total a eventos masivos y aglomeraciones. No obstante, en la comunidad predomina el escepticismo sobre la eficacia de estas restricciones administrativas cuando no hay autoridades en pie de fuerza para hacerlas cumplir.
Este alarmante episodio no es un hecho aislado en la geografía del dolor de la región. Hace apenas unos meses, el corregimiento de Las Mercedes, en el municipio de Sardinata, vivió un libreto idéntico: la Policía abandonó el territorio aduciendo la falta de garantías de seguridad y el deterioro de su sede. El patrón se repite y deja al descubierto una grieta estructural en la estrategia de seguridad del Gobierno nacional en el nororiente colombiano.
Hoy, las calles de Guamalito lucen desiertas al caer la noche, envueltas en un silencio tenso que presagia tiempos aún más difíciles. La salida de los uniformados reabre el debate sobre la incapacidad del Estado para garantizar la soberanía y la protección ciudadana en los territorios más golpeados por la guerra.
