Los hechos tienen que ver con el presunto delito de abuso de función pública durante un procedimiento en la cárcel La Picota, de Bogotá.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López, del Pacto Histórico, por el presunto delito de abuso de función pública.
La decisión, anunciada el 21 de agosto de 2026, busca establecer si la congresista se extralimitó en sus funciones durante un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota de Bogotá. Ese día, Zuleta ingresó al centro penitenciario junto con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento terminó con la incautación de un arma de fuego, a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá.
Según versiones reportadas, el arma habría estado destinada a un presunto atentado contra Giovanny Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de la Frontera, quien se encontraba recluido en el mismo penal. La entrega del arma fue calificada en su momento por el entonces alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, como un “gesto de paz”.
Zuleta había sido designada como coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el marco de la política de “paz total” del Gobierno de Gustavo Petro.
La Corte Suprema investiga si su participación en la diligencia penitenciaria y judicial se ajustó al ámbito de actuación previsto en esas resoluciones o si, por el contrario, excedió las competencias que le fueron asignadas como facilitadora de diálogos.
La senadora ha sostenido públicamente que su presencia respondió a instrucciones del comisionado de paz y que buscaba dialogar con Pipe Tuluá sobre el supuesto riesgo contra alias Araña. Afirma que actuó dentro de sus funciones políticas y de verificación en los procesos de paz, sin interferir en actuaciones judiciales.
Este caso forma parte de varias actuaciones judiciales que enfrenta Zuleta relacionadas con su rol en los diálogos urbanos. Previamente se había abierto una indagación preliminar por estos hechos, y la Corte ya había citado a la congresista a versión libre en junio de 2026, diligencia que fue aplazada. Pipe Tuluá fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2026.
La Sala de Instrucción determinará, tras la indagatoria, si hay méritos para avanzar en el proceso penal. La investigación se centra exclusivamente en verificar el alcance de las funciones de la senadora y no implica, por sí sola, una condena.
