Afiliados, proveedores y colaboradores piden que a raíz de la medida adoptada por el Gobierno Petro, Comfamiliar no pierda la dirección, transparencia y respuestas que siempre la ha destacado.
Por: Miguel Sánchez
Comfamiliar Atlántico ha sido durante décadas, una de las instituciones más queridas de esta región. Hoy es una entidad que corre el riesgo de detenerse en el tiempo, y quienes trabajan dentro de ella luchan por salvaguardar la marca.
Desde que la Superintendencia del Subsidio Familiar ordenó la intervención administrativa total mediante la Resolución 0527 del 6 de julio de 2026, la operación ha sufrido complicaciones. La Rueda de Negocios con proveedores, un evento que sería el evento del año para las relaciones comerciales con decenas de empresas de la región, fue cancelada. Los pagos a proveedores se han dilatado. Empresas que llevan años trabajando de la mano con la Caja no reciben respuesta sobre los pagos convenidos.
Puertas adentro reina el silencio institucional usado como forma de mobbing pasivo. Aprobaciones que nunca llegan, decisiones suspendidas indefinidamente mientras la operación se sostiene por inercia y por el esfuerzo de quienes aún tienen la esperanza que las cosas mejoren.
No hace falta un conflicto abierto para desgastar a un equipo de trabajo; basta con dejarlo sin dirección, sin respuestas y sin rumbo.
Y hay una pregunta que la ciudadanía y los afiliados de Comfamiliar Atlántico merecen que se responda con claridad: ¿bajo qué criterio se conformó el nuevo equipo directivo designado durante la intervención? Una intervención que, según su propia resolución, busca “fortalecer la gobernanza” de la entidad no debería abrir la puerta a que ese mismo equipo directivo quede compuesto por personas con cercanía conocida al gobierno saliente. Si la intervención fue presentada como una medida técnica e imparcial, el origen político de quienes hoy ocupan cargos de dirección es una pregunta legítima, no una insinuación gratuita, y merece una respuesta pública de la Superintendencia del Subsidio Familiar.
Esa pregunta se vuelve más urgente en un caso puntual: quien hoy ocupa la jefatura de la Oficina Jurídica de Comfamiliar Atlántico tuvo previamente un papel en el proceso de intervención de Air-e. Ese antecedente no puede pasar sin explicación. Si una misma persona participa en procesos de intervención de distintas entidades del departamento, el país tiene derecho a saber bajo qué criterio se le asignan esos roles, qué garantías de independencia existen, y a quién responde realmente.
El 7 de agosto de 2026 asumió un nuevo Gobierno nacional. Con él llega la oportunidad y la obligación de revisar si esta intervención sigue respondiendo a un criterio técnico o si se convirtió en un mecanismo para instalar cuotas políticas en una entidad que administra recursos parafiscales de miles de familias trabajadoras del Atlántico.
Los afiliados, los proveedores y colaboradores no piden favores: piden que la institución no pierda la dirección, transparencia y respuestas.
