Las cámaras de fotodetección serán ubicadas, aproximadamente, dentro un mes y medio en dicho corredor vial.
El Instituto de Tránsito del Atlántico defendió la instalación de tres nuevas cámaras de fotodetección en la vía al mar y aseguró que los puntos fueron definidos con base en estudios técnicos, criterios de seguridad vial y evidencia científica, y no con un propósito meramente sancionatorio.
La entidad explicó que la ubicación de los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones (SAST) cumple con el procedimiento establecido ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y, en los corredores nacionales concesionados, requiere además autorización de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La instalación de los nuevos dispositivos estaría terminada en aproximadamente mes y medio.
Ante las críticas relacionadas con el número de cámaras instaladas en el departamento, el director del Instituto de Tránsito del Atlántico, Carlos Granados, aseguró que comparar la cantidad de dispositivos entre departamentos no constituye un argumento técnico ni legal.
“Que haya siete cámaras en Atlántico y una en Bolívar no constituye un argumento técnico ni legal. La regulación colombiana no asigna radares por kilometraje ni exige igualdad numérica entre departamentos”, afirmó Granados.
El funcionario sostuvo que cada punto debe justificarse individualmente de acuerdo con variables como la siniestralidad, el volumen de infracciones, las características de la vía y las condiciones de seguridad de los usuarios.
Uno de los sectores analizados es Playa Mendoza, donde el estudio identificó una velocidad promedio de operación de 81 km/h y máximas de hasta 107 km/h en automóviles. Además, el 88 % de los automovilistas, el 78 % de los buses y el 55 % de los motociclistas superaban los 60 km/h.
El estudio también tuvo en cuenta que las motocicletas representan el 34 % del flujo vehicular y que existen peatones que cruzan la vía sin infraestructura adecuada, razones por las cuales el punto fue considerado crítico y prioritario para intervención.
En Sombrero Vueltiao, donde existe un límite de 40 km/h, el 94 % de la muestra analizada superó la velocidad permitida. Allí se registraron velocidades promedio de 62,5 km/h y máximas de 102 km/h en automóviles. El estudio identificó además la presencia de motociclistas y personas a caballo compartiendo la vía con tráfico pesado.
Granados también cuestionó la idea de que una carretera de primer orden deba mantener necesariamente una misma velocidad en todo su recorrido. Explicó que existe una diferencia entre velocidad de diseño, velocidad de operación y límite reglamentario, y que la autoridad puede establecer límites inferiores cuando las condiciones técnicas y de seguridad lo justifican.
“Que los usuarios transiten habitualmente a 80 km/h no significa que esa sea la velocidad segura para todos los puntos del corredor vial”, señaló.
La defensa de la medida también se sustenta en evidencia científica internacional. Según la revisión de Cochrane citada por la entidad, los radares han mostrado reducciones de entre 8 % y 49 % en el total de siniestros en sus zonas de influencia, así como disminuciones de entre 11 % y 44 % en los siniestros con muertos o lesionados graves.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada aumento del 1 % en la velocidad media se incrementa aproximadamente un 4 % el riesgo de un siniestro fatal.
Así, el Instituto de Tránsito del Atlántico sostiene que la instalación de las nuevas cámaras responde a una estrategia de gestión de velocidad y prevención de siniestros, bajo criterios técnicos y con los respectivos procesos de aprobación de las autoridades nacionales.
