El presidente presentó detalles de “El libro de la verdad”, un documento que, según él, recopila y documenta más de 80 casos de presuntas irregularidades ocurridas durante el Gobierno que salió.
En una contundente declaración que sacude el panorama político nacional, el presidente Abelardo de la Espriella solicitó formalmente al contralor y al procurador general la conformación de un bloque especial de investigación para esclarecer los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración de Gustavo Petro. El jefe de Estado enfatizó la necesidad de una respuesta contundente e integrada para destapar la verdad detrás de las irregularidades reportadas.
La solicitud del primer mandatario se produjo inmediatamente después de que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmara la creación de un equipo especializado en el ente investigador. Dicho grupo asumirá de manera exclusiva la revisión de estos expedientes desde la perspectiva penal, marcando el inicio de un despliegue judicial de gran escala.
Ante el paso dado por la Fiscalía, De la Espriella extendió de forma directa el llamado a las cabezas del control disciplinario y fiscal en el país. El presidente instó al procurador Gregorio Eljach y al contralor entrante Jorge Eliécer Laverde a replicar la iniciativa y disponer de sus mejores unidades operativas para sumar capacidades a la ofensiva anticorrupción.
El objetivo central de la propuesta presidencial radica en la articulación armónica entre la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Para el mandatario, un trabajo en equipo entre las tres entidades de control es el único camino eficaz para destapar los entramados delictivos y responder a las exigencias de transparencia que demanda la ciudadanía.
Durante su vehemente intervención, De la Espriella subrayó que la sociedad exige claridad absoluta y no tolerará pasividad frente a las supuestas anomalías detectadas en el periodo anterior. El jefe de Estado argumentó que es un deber moral con las futuras generaciones no guardar silencio ante lo que calificó sin rodeos como un “latrocinio” contra los recursos públicos.
“Tendremos un grupo especial por decisión de la señora fiscal que investigará desde el punto de vista penal estos hechos. Les solicito lo mismo al señor procurador y al señor contralor entrante: un grupo especial de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía que entre los tres se articulen para hallar la verdad que demanda y requiere el pueblo colombiano, porque no nos van a perdonar nuestros hijos y nuestro pueblo que callemos ante este latrocinio”, declaró el gobernante del país.
Con este llamado a la acción institucional, el Ejecutivo busca acelerar los procesos de auditoría, juzgamiento y sanción a los responsables de posibles desvíos de fondos del erario. La iniciativa pretende sentar un precedente de cero impunidad en el manejo de la cosa pública y enviar una señal de rigor fiscal y disciplinario a todo el territorio nacional.




