La fiscal Luz Adriana Camargo afirmó que la Dirección Especializada contra la Corrupción adelanta las diligencias de legalización de captura de 13 de los 15 miembros de esta estructura criminal.
Un presunto entramado criminal de dimensiones colosales, diseñado para apoderarse impunemente de los recursos de las regiones más vulnerables del país, ha quedado al descubierto. La fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, reveló los alarmantes hallazgos de una investigación que salpica a siete mandatarios y exmandatarios departamentales, involucrados en el desvío sistemático de más de 3 billones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.
La red delictiva habría utilizado como fachada al Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’, una entidad que operó con documentación falsa para constituirse como esquema asociativo territorial y así direccionar millonarios contratos a lo largo y ancho del territorio nacional.
El alcance de este entramado abarca 400 proyectos distribuidos en 19 departamentos del país, según lo mencionado por la fiscal Camargo. Según la funcionaria de la entidad judicial, la red no tuvo escrúpulos en direccionar licitaciones en sectores cruciales para el desarrollo social y la calidad de vida de las comunidades.
“Tenemos que, hasta el momento, 270 contratos de infraestructura, 77 contratos de educación, 62 contratos de agua y saneamiento básico, 80 contratos que tienen que ver con deporte y recreación, 175 contratos que tienen que ver con gestión del riesgo, 14 contratos en programas de salud, 11 contratos en energía eléctrica y 26 contratos para el mejoramiento vial. Este Fondo Mixto Sierra Nevada ha usado documentos falsos para constituirse y tenía una finalidad particular: apropiarse ilegalmente de los recursos de regalías a partir de contratos irregulares”, enfatizó la Fiscal General.
Siete gobernadores y exgobernadores en la mira de la justicia
Como resultado de las contundentes evidencias recopiladas, la Fiscalía dispuso la compulsa de copias para investigar penalmente la presunta responsabilidad de mandatarios en ejercicio y exgobernadores que habrían facilitado o participado en este esquema de saqueo público.
Entre los posibles involucrados están María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora de Magdalena; Rafael Alejandro Martínez, exgobernador de Magdalena; Óscar Enrique Sánchez, gobernador de Amazonas; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador de Vaupés; Ferney López Martínez, gobernador de Guaviare; Fulberto Guevara, gobernador de Vichada; y Álvaro León Flores, exgobernador de Vichada.
Según lo explicado por la jefe de la Fiscalía, un juez de control de garantías reconoció legalmente a este entramado como un Grupo de Delincuencia Organizada (GDO). En un operativo coordinado por la Dirección Especializada contra la Corrupción, las autoridades avanzan en la legalización de captura de 13 de los 15 miembros principales de esta estructura criminal.
A los procesados se les imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción y por omisión, fraude procesal y falsedad en documento público, delitos que configuran uno de los golpes más contundentes propinados a la corrupción administrativa en la historia reciente del país.
