“No estamos inventando cuando decimos que el gobierno de Abelardo fue elegido desde el exterior, con votos no existentes en el porcentaje ajustado automáticamente por algoritmos hechos por empresas privadas israelíes”, sentenció.
A menos de un mes de dejar la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lanzó uno de los pronunciamientos más duros del final de su mandato. En un extenso mensaje, aseguró que el proceso de empalme con el gobierno entrante continúa pese a la ausencia de algunos delegados, denunció un supuesto fraude en las elecciones presidenciales, anunció acciones judiciales y llamó a la ciudadanía a mantenerse en “resistencia activa” frente a lo que calificó como la llegada del “fascismo” al poder.
El mandatario afirmó que quienes abandonaron el proceso de empalme “no están preparados” para gobernar y sostuvo que los señalamientos en su contra corresponden a “calumnias”. Indicó que el proceso de entrega del Gobierno seguirá desarrollándose de manera pública hasta el próximo 6 de agosto, fecha en la que concluye constitucionalmente su administración, y aseguró que no permanecerá un día más en el poder porque, según dijo, respeta la Constitución y el mandato popular.
En su declaración, Petro reiteró que presentará ante la justicia una demanda de nulidad de las elecciones presidenciales. Aseguró que su bancada expondrá un “arsenal de pruebas” para sustentar las denuncias sobre presuntas irregularidades en los comicios. Entre sus afirmaciones más controvertidas, sostuvo que el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, habría sido elegido con votos “ajustados automáticamente por algoritmos” desarrollados por empresas privadas israelíes, una acusación que no presentó acompañada de pruebas públicas en el mensaje.
“No estamos inventando cuando decimos que el gobierno de Abelardo fue elegido desde el exterior, con votos no existentes en el porcentaje ajustado automáticamente por algoritmos hechos por empresas privadas israelíes con aval de su gobierno genocida, y tramitados por la empresa que yo mismo denuncié públicamente pero que ya la misma justicia en sentencia plena del Consejo de Estado había ordenado remover desde el año 2018. Hoy explicamos a la bancada electa por el pueblo el arsenal de pruebas conseguido y se presentará en demanda de nulidad de elecciones a la justicia como es nuestro deber”, señaló.
El jefe de Estado también dirigió fuertes críticas contra el mandatario electo, cuestionando su patrimonio y asegurando que no podrá demostrar la misma transparencia económica que, según Petro, ha caracterizado su administración. Además, reveló que abandonará la Presidencia con un patrimonio menor al que tenía cuando asumió el cargo y afirmó que sus cuentas financieras permanecen bloqueadas por orden del Gobierno de Estados Unidos.
En materia de seguridad, Petro defendió su política frente a la protesta social, rechazó la posibilidad de que el UNDEMO sea reemplazado nuevamente por el ESMAD y advirtió que un eventual cambio representaría una transformación en la forma de enfrentar las manifestaciones ciudadanas. También aseguró que durante su gobierno disminuyó la violencia estatal contra la población civil y expresó preocupación por las reformas y decisiones que, según él, podría adoptar la próxima administración.
Finalmente, el presidente confirmó que el próximo 20 de julio ofrecerá su último discurso público como jefe de Estado en el sur occidente de Bogotá, donde se despedirá de las Fuerzas Militares. En ese escenario insistirá en la defensa de su legado y, al cierre de su mensaje, llamó a la ciudadanía a ejercer “resistencia activa” y, eventualmente, “desobediencia civil” frente a lo que considera una amenaza para la democracia colombiana.
Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 7, 2026
Tal como indica la ley el proceso de entrega del gobierno continua ante el pueblo.
Se colocarán sillas vacías en…
Las afirmaciones del mandatario sobre un supuesto fraude electoral y otras acusaciones constituyen denuncias de carácter político que deberán ser evaluadas por las autoridades judiciales y electorales competentes.




