“Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado”, afirmó el presidente de la República.
En medio del creciente debate nacional sobre los alcances, resultados y límites de la política de paz de su Gobierno, el presidente Gustavo Petro anunció una decisión que vuelve a poner el foco sobre uno de los hombres más buscados del país: firmó el decreto que levanta la suspensión de la orden de extradición contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo y advirtió que, si es capturado, deberá ser enviado inmediatamente a responder ante la justicia internacional.
El anuncio llegó acompañado de otro resultado operativo destacado por el mandatario: la captura en el departamento de Córdoba de alias el Zarco, señalado como jefe del Clan del Golfo en esa región.
“He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias Chiquito Malo. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado”, afirmó Petro, en un mensaje que rápidamente encendió el debate político y de seguridad en el país.
La decisión aparece en un contexto particularmente sensible, luego de semanas de cuestionamientos sobre los diálogos sostenidos con esa estructura armada ilegal y las recientes controversias alrededor de la política de paz total.
En su pronunciamiento, el presidente reconoció que uno de los factores que, según su visión, afectó los acercamientos con grupos armados fue la falta de confianza. Para el jefe de Estado, el Clan del Golfo no fue sincero y gestionó cosas por debajo de la mesa que pusieron en peligro la estabilidad de la fuerza y el orden nacional.
“Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo”, expresó.
Sin embargo, Petro defendió nuevamente el enfoque que impulsó durante su gobierno frente al conflicto armado y rechazó una estrategia centrada exclusivamente en la confrontación militar. El mandatario insistió en que no cree en las “guerras totales” ni en respuestas que profundicen la violencia y sostuvo que el objetivo de los diálogos era disminuir la muerte y abrir caminos de reintegración económica y social en territorios históricamente afectados por economías ilegales.
Dentro de esa explicación, destacó el modelo de diálogos sociojurídicos, una estrategia promovida desde el Gobierno para combinar acuerdos territoriales, fortalecimiento social y procesos de sometimiento a la justicia.
Petro también defendió la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y aseguró que, según cifras de su administración, existen resultados positivos que, según indicó, fueron entregados tanto a organismos internacionales como a Estados Unidos para evaluar su continuidad.
