Fue radicada una denuncia por supuesto constreñimiento al sufragante y se solicitó garantías reforzadas para la segunda vuelta.
El movimiento político Defensores de la Patria, liderado por Abelardo de la Espriella, emitió un comunicado informando a la opinión pública que fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal para que se investigue la presunta comisión del delito de constreñimiento al sufragante, contemplado en el artículo 387 del Código Penal.
La denuncia se sustenta en elementos materiales probatorios, evidencias físicas y en el análisis elaborado por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien contrastó los resultados electorales atípicos registrados durante la primera vuelta presidencial con los municipios identificados por la Defensoría del Pueblo como territorios expuestos a riesgos electorales por presencia de grupos armados ilegales.
“En 109 municipios de Cauca, Chocó y Nariño, el candidato oficialista superó el 70 % de la votación analizada. De esos municipios, 100, equivalentes al 91,7 %, coinciden con territorios clasificados por la Defensoría del Pueblo dentro de niveles de riesgo electoral por presencia de estructuras armadas. En algunos municipios, las concentraciones electorales superaron incluso el 97 %. Estos resultados no pueden ser ignorados. Estas cifras no constituyen por sí solas una prueba definitiva de responsabilidad penal. Sin embargo, su coincidencia con territorios sometidos a la influencia o disputa de estructuras armadas obliga a las autoridades a investigar si existieron amenazas, presiones o mecanismos de coacción destinados a alterar la libertad del sufragio”, dice el documento.
El abogado constitucionalista Germán Calderón España, quien interpuso la denuncia, fue enfático: “He interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de constreñimiento al sufragante, soportada en un estudio crítico y riguroso elaborado por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo. La Fiscalía tendrá que investigar la influencia de los fusiles frente al sufragante, porque estos resultados alteran el equilibrio normal de unas elecciones en términos de igualdad”.
En el comunicado señalan que el denominado “voto fusil” describe una práctica incompatible con cualquier democracia: obligar a los ciudadanos a votar bajo amenaza, presión armada o sometimiento territorial. Defensores de la Patria solicita a la Fiscalía investigar con urgencia si en estos territorios existieron amenazas, presiones armadas o mecanismos de coacción destinados a alterar la libertad del voto. También, solicita escuchar el testimonio de la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios; del exsenador Rodrigo Lara Restrepo; y del exfiscal general Néstor Humberto Martínez, así como requerir información a la Registraduría Nacional, al Consejo Nacional Electoral, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las gobernaciones de Cauca, Chocó y Nariño.
“Asimismo, exigimos que las autoridades electorales, los organismos de control y las entidades territoriales adopten medidas inmediatas para garantizar que la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio se desarrolle con presencia institucional efectiva y plena libertad para los electores. La segunda vuelta debe celebrarse con garantías reales, presencia institucional efectiva y plena libertad para los electores de todas las regiones de Colombia”.
