El ente de control alerta sobre el escaso avance operacional y financiero de la empresa comercializadora y distribuidora de energía en la región Caribe, tras asumir su control administrativo.
Tras 19 meses de intervención administrativa, la Procuraduría General de la Nación advirtió que no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de la electrificadora Air-e S. A. S. E. S. P., razón por la que requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, explicar los avances operacionales y financieros alcanzados, así como sustentar las decisiones adoptadas durante este proceso.
Al ente de control le inquieta que, “a la fecha, no existan estados financieros plenamente verificados ni se registre la publicación de los informes de auditoría correspondientes”.
Asimismo, la Procuraduría indicó que “preocupa el aumento sostenido del pasivo corporativo y las presuntas irregularidades contractuales conocidas públicamente. Sumado a esto, el Ministerio Público alerta que la constante rotación de interventores —cinco hasta el momento— afecta la continuidad y la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la intervención”.
Frente a la incertidumbre sobre una solución empresarial definitiva, la Procuraduría solicitó a la SSPD remitir la hoja de ruta actualizada para Air-e y detallar los mecanismos de empalme implementados entre las distintas administraciones.
De igual manera, exigió a la empresa intervenida entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, la relación precisa de los contratos superiores a 500 millones de pesos y un plan de acción concreto y estructurado para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado.
