La solicitud, elevada a la Fiscalía, pretende facilitar el traslado gradual y progresivo de estos miembros del grupo armado a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).
El Gobierno nacional, a través de una resolución fechada el 29 de abril de 2026 y firmada por el comisionado de Paz Otty Patiño, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación la suspensión de las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), entre ellos su máximo cabecilla, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo.
La medida, según la petición, busca facilitar el traslado gradual y progresivo de estos miembros del grupo armado a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) ubicadas en Tierralta (Córdoba) y Belén de Bajirá (Chocó), programado para iniciar el próximo 25 de junio de 2026. Según el documento, la suspensión de las órdenes de captura, que incluye aquellas con fines de extradición, estará limitada en tiempo, espacio y finalidad, exclusivamente para el desplazamiento y permanencia en dichas zonas como parte del proceso de “conversación sociojurídica”.
Alias Chiquito Malo asumió el liderazgo del Clan del Golfo tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Es solicitado por la justicia norteamericana por cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y otras actividades delictivas transnacionales.
Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta aplicar esta figura. En diciembre de 2025 se había suspendido temporalmente las órdenes de captura de varios cabecillas, pero en marzo de 2026 el Ejecutivo revocó esa resolución ante el incumplimiento en el desplazamiento previsto. La nueva solicitud reactiva el esfuerzo en el marco de la política de “Paz Total”, que contempla tanto diálogos con grupos armados como acercamientos para el sometimiento a la justicia de estructuras de crimen organizado de alto impacto.
La decisión ha generado debate inmediato. Sectores de oposición cuestionan los beneficios jurídicos otorgados a una organización que, según informes como los de la Fundación Ideas para la Paz, ha crecido significativamente en presencia territorial y pie de fuerza en los últimos años, expandiendo su control sobre el narcotráfico y otras economías ilegales.
La Fiscalía General de la Nación deberá ahora evaluar la solicitud del Gobierno, en coordinación con otras entidades como el Ministerio de Defensa. La ley permite estas suspensiones durante procesos de diálogo o sometimiento, pero no implica cierre de investigaciones ni impunidad total.
Se espera que en las próximas semanas se definan los detalles operativos del traslado y los mecanismos de verificación. Esta solicitud se enmarca en los esfuerzos del Gobierno Petro por avanzar en negociaciones con diversas estructuras armadas, aunque persisten dudas sobre su efectividad y los riesgos para la seguridad nacional.
