La medida aplicará para menores desde los 12 años que cometan homicidios, violaciones y pertenezcan a pandillas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sancionó el pasado miércoles una serie de reformas constitucionales y penales que permiten imponer cadena perpetua a menores de edad, a partir de los 12 años, por delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas. La medida entrará en vigor el próximo 26 de abril, según la publicación en el Diario Oficial.
Las reformas, aprobadas el mes pasado por la Asamblea Legislativa, modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Especial Integral para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, la Ley contra el Terrorismo y, especialmente, la Ley Penal Juvenil.
Hasta ahora, la legislación limitaba las penas para menores: hasta 20 años para adolescentes entre 16 y 18 años y hasta 10 años para los menores de 16. La nueva norma elimina esos topes y permite juzgar a los menores en tribunales penales ordinarios cuando se solicite cadena perpetua.
La pena de prisión perpetua será revisable, es decir, cada cinco años se evaluará la posibilidad de un régimen de libertad controlada, según la gravedad de los delitos y el comportamiento del condenado. Para menores, el acceso a revisión se contempla tras cumplir 25 años de prisión.
Esta medida forma parte del endurecimiento penal impulsado por Bukele en el marco del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, ya en su cuarto año de prórrogas continuas. Según cifras oficiales, las autoridades han detenido a más de 91.000 personas acusadas de pertenecer a estructuras de pandillas, de las cuales alrededor del 10 % han sido liberadas.
El Gobierno de El Salvador atribuye a esta política la drástica reducción de la tasa de homicidios, que pasó de una de las más altas del mundo a la más baja del hemisferio occidental.
En marzo pasado, la Asamblea ya había reformado la Constitución para permitir la cadena perpetua a “homicidas, violadores y terroristas” (término que el gobierno usa para referirse a pandilleros). La ampliación a menores fue propuesta posteriormente por el gabinete de seguridad y aprobada con celeridad.
Reacciones y críticas internacionales
La decisión ha generado fuerte rechazo de organismos internacionales de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Comité de los Derechos del Niño y UNICEF expresaron “profunda preocupación” y señalaron que la medida contradice la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza la rehabilitación y reinserción de los adolescentes en conflicto con la ley. La ONU pidió al Gobierno salvadoreño “revisar con prontitud” estas reformas.
Organizaciones como Human Rights Watch han denunciado detenciones arbitrarias de menores durante el régimen de excepción y exigido juicios justos.
Desde el gobierno, Bukele ha defendido históricamente estas políticas argumentando que las leyes anteriores, más permisivas con los menores, facilitaban el reclutamiento de niños y adolescentes por parte de las pandillas. En su cuenta de X, el mandatario ha cuestionado a los organismos internacionales por “defender los derechos de los delincuentes y no de las personas honradas”.
La reforma representa uno de los pasos más duros de la estrategia de “mano dura” del presidente, quien mantiene altos niveles de popularidad interna gracias a la percepción de mayor seguridad, aunque genera preocupación en el ámbito internacional por posibles afectaciones a los derechos humanos de los menores.
