Un juez decidió suspender provisionalmente el reintegro de Silvia Gette como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe.
El Juzgado Dieciséis Penal del Circuito de Barranquilla admitió una acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Educación Nacional y ordenó la suspensión inmediata de los efectos del fallo que pretendía reintegrar a Silvia Beatriz Gette Ponce como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe.
La controversia jurídica escaló luego de que, el pasado 8 de abril de 2026, el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla emitiera una providencia que ordenaba el reintegro inmediato de Silvia Gette al cargo de rectora en propiedad y la nulidad de todas las actas de los órganos de gobierno de la institución desde el 20 de mayo de 2013.
Ante esto, el abogado Carlos Felipe Morales Guerrero, en representación del Ministerio de Educación Nacional, radicó una acción de tutela alegando una presunta vulneración al debido proceso.
El juez Benjamín Jaimes Pérez, al evaluar la solicitud, consideró necesario decretar una medida provisional para evitar un “perjuicio irremediable”. Según el despacho, el cumplimiento inmediato de la orden de reintegro representaba un riesgo grave para la estabilidad de la universidad, dada la naturaleza irreversible de los actos que podrían adoptarse bajo una nueva administración de Gette.
“La persona respecto de la cual se ordena el reintegro registra una condena penal por el delito de abuso de confianza calificado y agravado, derivada de hechos que habrían tenido lugar en el ámbito de la misma institución”, señala el auto judicial.
Con la admisión de esta tutela, el Juzgado ha dispuesto citar al Ministerio Público, a la Universidad Autónoma del Caribe y a Silvia Gette Ponce para que intervengan en el proceso. También ha resuelto que las entidades accionadas y vinculadas tienen un término improrrogable de dos días para ejercer sus derechos de defensa y contradicción.
Sin embargo, lo más relevante de la decisión es que todos los efectos de la decisión del 8 de abril quedan congelados hasta que se resuelva el fondo de la tutela o el recurso ordinario interpuesto.
Esta decisión judicial pone una pausa temporal a uno de los capítulos judiciales más polémicos de la región, priorizando, según el juez, el interés general y la protección de los derechos fundamentales de la comunidad educativa.
AutoAdmiteT-2026-00042
