La entidad de control ordena la suspensión inmediata de 31 licencias y advierte un patrón en el uso de licencias legales para
facilitar actividades ilícitas.
En una acción contundente contra la ilegalidad en el sector de la vigilancia privada, el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez Morales, anunció la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas presuntamente infiltradas por estructuras criminales.
Entre las decisiones adoptadas se encuentran medidas contra compañías en distintas regiones del país, como Barranquilla, sede de las empresas Atenas Seguridad Privada ltda. y Maximus Seguridad Privada ltda.,a las cuales se les canceló la licencia en fallo de primera instancia.
Adicionalmente, la Superintendencia informó que próximamente ocho empresas más van a ser sancionadas como resultado de investigaciones en curso.
“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad” explicó el superintendente Larry Álvarez, señalando que “el patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”.
En el marco de investigaciones judiciales se han detectado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales. Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos.
Uno de los pilares de esta ofensiva ha sido la articulación con entidades del Estado, especialmente con el sector Defensa y la Fiscalía General de la Nación.
La entidad explicó que este trabajo conjunto ha permitido fortalecer el control de armas en manos de particulares, avanzar en investigaciones con impacto judicial y mejorar el cruce de información para detectar irregularidades.
El superintendente Álvarez destacó que el sector de la vigilancia privada es fundamental para el país, al generar empleo para más de 360.000 familias, y reiteró que la mayoría de las empresas operan dentro de la legalidad.
Sin embargo, fue enfático al reiterar que cualquier empresa que incumpla la ley o sea utilizada como vehículo para actividades ilícitas será sancionada con todo el peso institucional, en el marco de un nuevo enfoque de vigilancia basado en inteligencia, analítica de datos y articulación interinstitucional.
La Superintendencia de Vigilancia reitera su llamado a todas las empresas del sector a actuar con estricto apego a la ley. La entidad continuará ejerciendo una rigurosa vigilancia con el fin de garantizar que este servicio opere bajo los más altos estándares de legalidad.
