“Sin pruebas sólidas, no se puede hablar de fraude”, indica el fallo del tribunal.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, que se retracte públicamente de sus afirmaciones sobre un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2014, 2022 y 2026.
La decisión, adoptada este viernes, obliga al mandatario a rectificar sus declaraciones en un plazo de tres días, principalmente a través de su cuenta en la red social X, donde ha reiterado en múltiples ocasiones alertas sobre posibles irregularidades en el sistema de preconteo, escrutinio y transmisión de votos, así como cuestionamientos a la empresa Thomas Greg & Sons, encargada históricamente del software electoral.
La orden judicial surge en el marco de una acción popular interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano y de una solicitud de medida cautelar presentada por la Procuraduría General de la Nación. Ambas instancias argumentan que las declaraciones del presidente, al carecer de pruebas concretas y verificables, afectan derechos colectivos como la confianza en las instituciones electorales, la transparencia del proceso democrático y el correcto desarrollo de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.
El Tribunal considera que las afirmaciones insistentes de Petro sobre riesgos de “fraude algorítmico” o manipulación del software podrían generar desconfianza infundada en la Registraduría Nacional del Estado Civil y en el propio sistema electoral colombiano.
La defensa del presidente Petro ha manifestado de manera reiterada que no se retractará ni borrará las publicaciones. Sus abogados sostienen que se trata de un intento de censura contra el jefe de Estado y defienden su derecho a la libre expresión y a alertar sobre posibles vulnerabilidades en un sistema que, según ellos, aún depende en gran medida de tecnología privada.
Han solicitado acceso al código fuente del software para permitir auditorías independientes, argumentando que la transparencia fortalece la democracia.
Por su parte, el presidente Petro ha respondido en redes sociales a las acciones judiciales calificándolas como intentos de silenciamiento y ha insistido en que “el fraude electoral está demostrado desde el 2014”.
En marzo pasado, incluso pidió públicamente que tanto el registrador nacional, Hernán Penagos, como el procurador general, Gregorio Eljach, se retractaran por considerar que sus críticas a las denuncias del mandatario constituían un irrespeto al presidente.
