La Corte Suprema de Justicia los acusa a ambos, a tres congresistas más y a un exlegislador por presunto cohecho impropio en el escándalo de la UNGRD.
Los congresistas reelegidos Wadith Alberto Manzur (Partido Conservador) y Karen Astrid Manrique (curul de paz por Arauca) se presentaron el miércoles por la noche y jueves en la mañana ante las autoridades en cumplimiento de la medida de aseguramiento privativa de la libertad ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Ambos son investigados por el delito de cohecho impropio en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Karen Manrique, representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (reelegida con más de 5.000 votos el 8 de marzo), se entregó voluntariamente el 11 de marzo ante la Sijín de la Policía en Tame, Arauca. La congresista desmintió rumores de fuga hacia Venezuela y compareció de inmediato. Su abogado, Andrés Garzón, declaró: “Siempre ha estado dispuesta a presentarse a la justicia y a cumplir con los mandatos de la sala. Sabe que no cometió ningún delito”.
En las próximas horas se espera su traslado a Bogotá para la legalización de la captura.
Wadith Manzur, actual representante a la Cámara y ahora elegido como senador con más de 134.000 votos por el Partido Conservador, se entregó el 12 de marzo al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y quedó recluido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá.
La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión el 11 de marzo tras analizar pruebas como chats, interceptaciones telefónicas y testimonios, entre ellos el de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides.
Según la ponencia, en el segundo semestre de 2023 ambos congresistas, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado “ofrecimientos” de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar favorablemente operaciones de crédito internacional del Gobierno. A cambio, presuntamente impulsaron contratos de interventoría y obras en proyectos de la UNGRD por cerca de 92.000 millones de pesos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar.
La misma Sala llamó a juicio a otros tres congresistas y un exparlamentario por los mismos hechos, pero sin imponerles medida de aseguramiento: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde).
El caso forma parte del mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro en la UNGRD, que ya involucra a exfuncionarios como Olmedo López y algunos exministros. Manzur y Manrique mantendrán la presunción de inocencia hasta que se resuelva el proceso en su contra.
Las autoridades continúan las diligencias para la legalización de las capturas y la Corte Suprema notificará al Congreso de la República para que suspenda a ambos de sus cargos una vez ejecutoriada la decisión.
