Los enfrentamientos se producen en zona rural del municipio de Aracataca, Magdalena.
La Defensoría del Pueblo solicitó con urgencia la apertura de un corredor humanitario para atención de heridos civiles e insiste en llamado al cese de combates entre las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo (autodenominado EGC) en Aracataca, Magdalena
El organismo hizo un enérgico llamado a ambos grupos armados organizados a dejar a la población civil por fuera de los enfrentamientos que han venido teniendo, de manera intermitente, desde el pasado 17 de febrero en esa zona de la Sierra Nevada.
Atendiendo a lo que establece el derecho internacional humanitario (DIH), la conducción de hostilidades exige precaución; es decir, implementar todas las medidas factibles para evitar o reducir al mínimo daños a civiles y bienes protegidos. El pasado febrero, en el marco de los espacios sociojurídicos de conversación, ambos grupos armados firmaron con el Gobierno nacional compromisos sobre el respeto al DIH y a la población civil.
Sin embargo, como resultado de los combates del 6 y 7 de marzo en Cerro Azul, parte alta de la comunidad indígena Serankwa, un miembro de la comunidad murió como consecuencia de la explosión de una granada y al menos seis civiles, también pertenecientes al pueblo indígena Arhuaco, entre ellos un niño de seis años, quedaron heridos y requieren atención médica urgente.
Igualmente, la Defensoría informó que dos mujeres están desaparecidas y ha sido reportada la incineración de viviendas, corrales y animales de propiedad de la comunidad. Las actividades educativas están suspendidas y hay restricciones a la movilidad, material bélico en la zona y riesgos de confinamiento y desplazamiento forzado como consecuencia de las confrontaciones.
“Insistimos en la exigencia a los dos grupos armados a cesar definitivamente las confrontaciones y permitir la habilitación de un corredor humanitario libre de minas antipersonal para que la comunidad y los actores humanitarios trasladen a las personas heridas hasta donde puedan recibir la atención que necesitan. Esta solicitud fue transmitida a través de canales humanitarios de los espacios sociojurídicos que el Gobierno mantiene con estos grupos. El autodenominado EGC no ha dado respuesta”, señaló la entidad.
Y siguió: “Reiteramos la solicitud urgente a las autoridades competentes para atender la situación de riesgo y violación de derechos humanos y al DIH que padecen las comunidades rurales de Aracataca. La Defensoría del Pueblo reconoce el liderazgo y acción permanente de la Gobernación del Magdalena sobre esta situación”.
