“Suspender el salario vital atenta contra la vida”, señaló el presidente de la República, a la vez que anunció que mantendrá línea constitucional en nuevo decreto de salario mínimo.
El presidente Gustavo Petro reaccionó este viernes a la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, que fijaba el salario mínimo legal mensual en $2.000.000 para 2026 (un incremento del 23 %), y afirmó que el ajuste responde a un mandato constitucional.
En un extenso pronunciamiento difundido a través de sus redes sociales, el jefe de Estado sostuvo que el decreto expedido “tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él” y que el concepto de salario vital está ordenado por la Constitución.
“Respetaré la decisión del magistrado, pero actuaré de acuerdo a la Constitución”, señaló Petro respecto a la medida cautelar adoptada por el alto tribunal, que además ordenó al Gobierno expedir y publicar en los próximos ocho días un decreto transitorio que determine el porcentaje y el valor del salario mínimo mientras se resuelve el fondo del caso.
El mandatario anunció medidas inmediatas de concertación: el ministro de Trabajo convocará de urgencia una mesa de concertación, y solicitó la reunión de la coordinación de movimientos sociales “para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá”.
Esta nueva instancia, según Petro, deberá analizar “las últimas mediciones económicas y estudios, que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios”, así como el impacto del alza de las tasas de interés sobre el empleo, el déficit fiscal y los precios en Colombia.
El presidente advirtió que suspender el aumento “pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario” y defendió que los derechos que protege el Consejo de Estado también deben cobijar “el derecho del pueblo trabajador”.
“Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la Vida. Nada más anticonstitucional”, escribió.
Petro también lanzó un llamado directo al sector empresarial: “El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político”. Reiteró su invitación, desde el primer día de su gobierno, a “construir el pacto social de la vida y de la paz”.
Finalmente, invitó al “pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto” y recordó que “el poder judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la constitución nacional”.
La suspensión provisional del decreto no implica un fallo de fondo sobre su legalidad. El Consejo de Estado admitió varias demandas que cuestionan el uso del concepto de “salario vital” y la falta de sustento en los parámetros legales tradicionales (inflación, productividad y crecimiento del PIB).
Mientras se expide el decreto transitorio, el Gobierno deberá definir un ajuste provisional que cumpla con los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996.
