Una fundación que no contaba con la experiencia ni la idoneidad para la construcción de embarcaciones fue beneficiada con un contrato que superó los 1.000 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a dos exfuncionarios de la Gobernación de Atlántico y a un particular a la investigación que se sigue por las presuntas irregularidades detectadas en un contrato que tenía por objeto garantizar el suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales.
Se trata del exasesor financiero, Jorge Luis Sampayo Herrera; y la exasesora jurídica, Gertrudis María Peralta Vásquez, imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento sin requisitos legales y falsedad ideológica en documento público; así como el contratista Julio Cesar Altamar Rodríguez, a quien les fueron formulados los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el contrato 059 de julio de 2014, que superó en valor los 1.000 millones de pesos, habría sido direccionado para beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, la cual no tenía la idoneidad para la construcción de embarcaciones.
En ese sentido, el contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido en Cámara y Comercio de Barranquilla, el cual contenía información falsa para acreditar la experiencia requerida y así cumplir con uno de los requisitos habilitantes.
Los dos exasesores investigados hicieron parte del comité evaluador que otorgó altas calificaciones a la fundación y se afirmó que cumplía con todos los requisitos habilitantes exigidos cuando no era cierto para dar viabilidad a la propuesta presentada.
Adicionalmente, se conoció que el contrato fue suspendido para que el plazo de ejecución de 30 días se prolongara indefinidamente, de tal manera que la fundación tuviera tiempo suficiente para elaborar y entregar los 200 cascos previstos.
