La Defensoría del Pueblo pide acción inmediata del Estado ante cadena de ataques al sistema carcelario.
La Defensoría del Pueblo encendió nuevamente las alarmas por la creciente ola de violencia que enfrenta el personal del sistema penitenciario y carcelario del país, tras el atentado registrado en las últimas horas contra la Cárcel Distrital El Bosque, en Barranquilla, donde resultaron heridos dos custodios.
De acuerdo con el organismo de control, este hecho no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de una preocupante y persistente cadena de agresiones que, de manera sistemática, viene afectando a funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y a sus familias en distintas regiones del país.
La Defensoría recordó que esta escalada de violencia incluye el atentado ocurrido el pasado 13 de enero en Neiva, Huila, donde fue asesinado el hijo de 11 años del director de un establecimiento de mediana seguridad, así como la posterior muerte del subdirector de ese centro de reclusión. A estos hechos se suman el asesinato del director de la Cárcel Modelo en mayo de 2024 y múltiples ataques registrados en ciudades como Bogotá, Cali, Tuluá, Armenia y Cartagena, que han cobrado la vida e integridad de dragoneantes y servidores administrativos.
En su pronunciamiento, la entidad expresó su solidaridad con las familias de los custodios heridos en Barranquilla y con todas aquellas que han sido afectadas por esta violencia reiterada. Asimismo, reiteró su acompañamiento en la exigencia de verdad, justicia y garantías reales de no repetición.
Para la Defensoría del Pueblo, la recurrencia de estos hechos evidencia fallas estructurales en las estrategias de prevención, seguridad y protección del personal penitenciario y carcelario. En ese sentido, insistió en la necesidad urgente de fortalecer de manera integral las condiciones de seguridad de quienes laboran en las prisiones del país, así como del personal administrativo que cumple funciones esenciales en contextos de alto riesgo, sin que hasta ahora existan respuestas estructurales suficientes que garanticen su vida, integridad y la de sus familias.
El organismo hizo un llamado expreso a las autoridades nacionales y territoriales para que adopten de forma inmediata medidas reales y suficientes de protección, que incluyan una ruta integral para salvaguardar la vida de los funcionarios y sus núcleos familiares, así como el acompañamiento psicosocial y jurídico para las víctimas de hechos violentos.
De igual manera, instó al Gobierno nacional y territorial a revisar las condiciones laborales del personal de custodia y vigilancia, y a reforzar de manera integral las acciones de prevención y seguridad en los establecimientos de reclusión. A la Fiscalía General de la Nación, le solicitó adelantar investigaciones diligentes y efectivas que permitan esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo subrayó que la humanización del sistema penitenciario exige una mirada integral y recordó que no es posible hablar de un sistema respetuoso de los derechos humanos si el Estado no garantiza, de manera efectiva, la vida, la integridad y la dignidad de quienes prestan el servicio público penitenciario. La seguridad de los funcionarios y de sus familias, concluyó, es una condición indispensable para avanzar hacia un sistema penitenciario acorde con los principios constitucionales.
