El cabecilla de la banda criminal la Inmaculada enfrenta cargos en Texas por narcotráfico.
El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, ratificó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, donde enfrentará cargos por narcotráfico. Esta decisión se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara el proceso en noviembre de 2025 y tras agotar todos los recursos legales presentados por la defensa.
Marín Silva, principal cabecilla de la organización criminal la Inmaculada, que opera en el norte del Valle del Cauca, cumple actualmente una condena de 30 años en Colombia por 46 homicidios, además de sentencias por extorsión y secuestro.
A pesar de su detención en la Estación de Policía de Los Mártires en Bogotá —debido a riesgos de seguridad en prisiones convencionales—, mantiene influencia sobre su estructura delictiva. En el país, enfrenta dos procesos en etapa de juzgamiento y al menos 11 investigaciones adicionales, pero ninguno de estos casos se relaciona con los delitos de narcotráfico solicitados por Estados Unidos, lo que evita violaciones al principio de non bis in ídem, es decir, juzgar a alguien dos veces por el mismo hecho.
La solicitud de extradición proviene de una acusación federal presentada el 11 de septiembre de 2024 ante la Corte del Distrito Este de Texas. Los cargos incluyen concierto para distribuir y poseer cocaína, conspiración para traficar y distribuir la sustancia con destino a Estados Unidos, y fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con conocimiento de su importación ilegal.
El proceso legal culminó con la firma de la Resolución Ejecutiva N.º 440 por parte del presidente Petro. La defensa interpuso un recurso de reposición, argumentando falta de motivación en la decisión, la necesidad de condicionar la extradición al cumplimiento de penas en Colombia, y posibles violaciones a la proporcionalidad y la política de “paz total”.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia negó el recurso, amparado en el artículo 560 del Código de Procedimiento Penal. La Corte Suprema de Justicia también rechazó una acción de tutela, confirmando que la decisión final recae en el Ejecutivo. Además, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclaró que Marín Silva no participa en mesas de diálogo, por lo que no hay impedimentos para su entrega.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, confirmó la resolución y declaró: “Agotado el trámite administrativo, Colombia queda habilitada para coordinar con las autoridades estadounidenses la ejecución de la extradición”. El funcionario enfatizó que todos los actos administrativos están motivados conforme a la Constitución y las leyes, independientemente de los procesos judiciales locales.
#EsNoticia | El ministro de Justicia (e), @Aidarragaf confirmó que el Gobierno del presidente @petrogustavo concedió la extradición del ciudadano colombiano Andrés Felipe Marín Silva alias “Pipe Tuluá”, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos, por… pic.twitter.com/BCupvCuYfc
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 28, 2026
Esta extradición representa un avance en la cooperación bilateral contra el narcotráfico y cierra cualquier posibilidad de negociación con la Inmaculada, una de las estructuras criminales más activas en el suroccidente del país.
