Ante estos hechos denunciados, la entidad evalúa reforzar la protección del togado y la de su familia.
El juez segundo penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza, encargado del proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, ha denunciado una serie de amenazas de muerte e intimidaciones dirigidas tanto a él como a su hija.
Estas denuncias han llevado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a declarar su situación en “riesgo extraordinario”, aunque el togado ha expresado preocupación por la demora en el refuerzo de su esquema de seguridad.
Carbonó, originario de Ciénaga (Magdalena) y con una trayectoria que incluye haber actuado como juez sin rostro en Bogotá y Cundinamarca, asumió el caso de Nicolás Petro en septiembre de 2023. Desde entonces, reporta haber sido objeto de seguimientos, llamadas de números desconocidos y amenazas sistemáticas atribuidas a alias Tommy Masacre y alias el Negro Ober, cabecillas de grupos armados organizados (GAO) como los Rastrojos-Costeños.
Según sus denuncias, estos actos de intimidación se han extendido a su familia, incluyendo a su hija, lo que ha generado un ambiente de temor constante.
En una notificación reciente, la UNP determinó que el juez se encuentra en un nivel de riesgo “extraordinario”, lo que implica la necesidad urgente de medidas adicionales de protección. A pesar de esto, Carbonó ha señalado que actualmente solo cuenta con un escolta no permanente y un chaleco antibalas, recursos que considera insuficientes ante la gravedad de las amenazas.
“He reportado carros parqueados cerca de mi residencia y seguimientos constantes”, afirmó el juez en declaraciones recogidas por medios como Semana.
La UNP, entidad adscrita al Ministerio del Interior, ha iniciado el proceso para evaluar y posiblemente “robustecer” el esquema de seguridad del juez y su familia, en respuesta a estas denuncias. Incluso, estarían considerando la asignación de vehículos blindados, más escoltas y otras medidas preventivas, aunque no se ha especificado un plazo para su implementación.
“Para el caso fáctico, en la entrevista realizada al señor HUGO JUNIOR CARBONO ARIZA refirió que, fue objeto de amenazas e intimidaciones mediante seguimientos durante sus trayectos y en su entorno residencial en Barranquilla, situaciones que, según indicó, se intensificaron después de la práctica de las audiencias realizadas los días 29 y 30 de julio de 2025 dentro del juicio seguido contra el señor Nicolás Petro Burgos, hijo del Presidente de la República. Señaló que la exposición mediática generada por dicho proceso permitió que diversos medios difundieran su identidad y rutinas, incrementando así su nivel de riesgo”, señala un documento de la UNP conocido por Impacto News.
“Asimismo, indicó el valorado que, el 30 de julio de 2025 su hija, quien reside en Bogotá, fue abordada a la salida de su apartamento por dos mujeres, quienes de manera misteriosa e intimidante le manifestaron que conocían la identidad de su padre y lo que este estaba haciendo. De igual forma, relató que venía recibiendo amenazas sistemáticas atribuidas a alias “Tommy Masacre” y alias “El Negro Ober”, cabecillas de Grupos Armados Organizados (GAO), en represalia por haber emitido sentencia condenatoria en su contra y en contra de la esposa de este último”, agrega el informe.
El documento describe y remata: “Que corolario con lo anterior, respecto a las labores de campo desarrolladas y las actividades de recopilación de información, se pudo establecer que fueron consultadas diferentes autoridades y entidades como, la Fiscalía General de la Nación (Fiscalía 37 Seccional Barranquilla), reportó la existencia de una denuncia activa por hechos de amenazas ocurridos en los años 2023 y 2024. Indicó, además, que, dentro de las labores de Policía Judicial, se adelantan indagaciones relacionadas con amenazas atribuidas al condenado alias “El Negro Ober”, así como seguimientos en los desplazamientos del valorado y un ataque con arma de fuego contra su inmueble residencial. La Fiscalía señaló que ya comunicó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la posible inminencia de riesgo que enfrenta el evaluado. A su vez, la consulta al Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) registra una denuncia activa adicional por amenaza del año 2023″.
El juez ha reiterado su solicitud de protección inmediata, argumentando que el retraso podría poner en peligro no solo su vida, sino la integridad de su labor judicial en casos sensibles relacionados con violaciones a los derechos humanos y líderes sociales.
