Los hechos estarían relacionados con las llamadas “rifas colombianas”, una red dedicada a sorteos ilegales y cobros “gota a gota”, integrada por personas de origen colombiano en connivencia con actores locales.
En horas de la mañana del pasado lunes 29 de diciembre, un episodio de mucha violencia estremeció la ciudad de Guadalajara, en México. Un empresario identificado como Alberto Prieto Valencia, fue asesinado junto a su hija y uno de los integrantes de su esquema de seguridad, en medio de una emboscada cuando se movilizaba en un Lamborghini.
La escena fue contundente, un vehículo de lujo detenido a tiros, más de 200 casquillos esparcidos y víctimas colaterales, entre ellas la hija de Prieto Valencia, de 16 años.
El ataque armado que paralizó zonas de Guadalajara y Zapopan no puede leerse únicamente como un episodio más de violencia extrema. La emboscada contra el empresario, ejecutada con un despliegue de armas y hombres poco común, incluso para los estándares del crimen organizad, abrió una ventana incómoda hacia un fenómeno que durante años ha operado en los márgenes: la convergencia entre economías informales, usura criminal y redes transnacionales.
Pero más allá del impacto visual y humano, el mensaje parecía dirigido a quienes participan en negocios ilícitos, los cuales no están exentos de convertirse en objetivos cuando rompen reglas internas.
Prieto Valencia no era un actor marginal. Con presencia en el Mercado de Abastos y fundador de la empresa de Transportes Odal, su perfil representaba el puente entre la economía formal y prácticas que, según las investigaciones, se desarrollan en la penumbra. Las autoridades exploran su presunta relación con las llamadas “rifas colombianas” y el sistema de préstamos conocido como “gota a gota”, modalidades que han echado raíces en corredores comerciales de alto flujo de efectivo.
Estos esquemas se presentan como soluciones rápidas para comerciantes con poco acceso al crédito bancario. Sin embargo, detrás de la fachada de sorteos y préstamos exprés se teje una red de control: pagos diarios, intereses desproporcionados y métodos de cobro que recurren a la intimidación. Las rifas, lejos de ser juegos inocentes, operarían como comprobantes de pago forzados y como una vía para normalizar la extracción constante de recursos.
La línea de investigación más sensible de las autoridades mexicanas apunta a un conflicto dentro de la propia estructura criminal. La sospecha de que el empresario habría retenido parte de los recursos recaudados coloca el ataque en la lógica de un ajuste de cuentas. La saña del operativo —el tiempo sostenido del ataque, el número de tiradores y el armamento empleado— sugiere algo más que una advertencia, al parecer, fue un castigo ejemplar.
“Este patrón no es nuevo en organizaciones criminales con operaciones financieras. Cuando el dinero es el eje, la traición real o percibida se sanciona con violencia pública para restablecer jerarquías y enviar señales claras a socios y deudores”, declararon las autoridades del país Azteca.
En ese sentido, la agresión no solo buscó eliminar a una persona, sino reafirmar el control territorial y económico de una red que, según las autoridades, tendría vínculos con grupos colombianos especializados en este tipo de delitos.
