“Si hubo corrupción en los procesos de contratación, debe haber sanciones”, advirtió el cabildante.
La apertura de una investigación por presuntas fallas en la contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el Atlántico encendió las alarmas en el Concejo de Barranquilla. El anuncio, hecho por la propia entidad, generó un inmediato pronunciamiento de concejales que advierten posibles afectaciones a programas sensibles dirigidos a la niñez y a poblaciones vulnerables.
Uno de los más enfáticos fue el concejal Alexis Castillo, quien consideró que el panorama es delicado y que, de comprobarse irregularidades, el daño iría más allá del manejo administrativo. A su juicio, cualquier desviación de recursos públicos compromete la calidad y el alcance de los servicios que buscan garantizar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
“Como concejal de la ciudad de Barranquilla estoy altamente preocupado por ese pronunciamiento que emitió hace algunos días el ICBF (…) Es algo completamente vergonzoso, dañino; porque de confirmarse que desviaron esos recursos o existieron hechos de corrupción, no simplemente daña a la función pública, sino el impacto que verdaderamente se busca con la ejecución de estos recursos que van dirigidos a los niños más pobres, a los jóvenes más necesitados y a las madres cabeza de hogar que requieren el apoyo de estas iniciativas y proyectos”, expresó Castillo.
Castillo señaló que una eventual manipulación de los procesos contractuales resulta inadmisible, pues los fondos del ICBF tienen un propósito social claro: atender a la primera infancia, apoyar a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y respaldar a madres cabeza de hogar.
“Cuando esos recursos no llegan a su destino, se afecta directamente la vida, el desarrollo y las oportunidades de quienes más los necesitan”, advirtió el cabildante.
En ese contexto, el concejal pidió una actuación decidida de los organismos de control para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, ya sean disciplinarias, fiscales o penales. También instó a la Gobernación del Atlántico a pronunciarse y a no dejar toda la carga investigativa en manos del ICBF, resaltando la necesidad de un trabajo coordinado entre las instituciones.
Según Castillo, si se comprueba la existencia de actos de corrupción, los funcionarios involucrados deben enfrentar sanciones ejemplares, que incluyan destituciones, inhabilidades y procesos ante la Fiscalía. Para él, se trataría de una falta grave contra los recursos destinados a la protección de la infancia en el departamento.
Finalmente, anunció que el Concejo Distrital asumirá un rol activo de seguimiento y control político sobre este caso, con el objetivo de vigilar que los contratos relacionados con la atención de la niñez se desarrollen con transparencia.
“El bienestar de los niños no puede quedar a merced de intereses indebidos. Este episodio debe marcar un precedente y no puede quedar en la impunidad”, concluyó.
