La cerveza queda exceptuada de la medida debido su “alto consumo social”.
El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, explicó a detalle la serie de medidas tributarias que contiene el decreto de emergencia económica, que incluye un incremento de impuestos al consumo de bebidas alcohólicas y a los juegos de suerte y azar como parte de un paquete para cubrir el déficit fiscal y garantizar recursos para programas sociales y sanidad pública.
La emergencia, declarada por 30 días como respuesta a la falta de aprobación de la reforma tributaria en el Congreso y un déficit fiscal proyectado en más de 16 billones de pesos, faculta al Ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley sin trámite legislativo regular.
Entre las principales medidas, el IVA sobre bebidas alcohólicas como aguardiente, ron, whisky, brandy y vinos pasará del 5 % al 19 %, equiparándose a la tarifa general del impuesto al valor agregado, con excepción de la cerveza, que quedaría fuera de esta alícuota por su “alto consumo social”.
Asimismo, los juegos de suerte y azar, incluidas las apuestas en línea, también quedarán gravados con un IVA del 19 %, lo que representa un alza significativa frente a los impuestos previos y busca ampliar la base de recaudo estatal.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que estas medidas, junto con otros ajustes tributarios complementarios, permitirán recaudar cerca de 11,1 billones de pesos, recursos que se destinarán a fortalecer sectores clave como la salud y la atención de programas sociales que enfrentan presiones presupuestales.
La decisión ha generado opiniones encontradas. Por un lado, el Gobierno argumenta que esta estrategia busca atacar de forma técnica productos de alto consumo y sectores con mayor capacidad contributiva sin afectar bienes de la canasta básica familiar.
Sin embargo, sectores del comercio y la industria han expresado preocupación por el impacto económico y operativo de estos tributos, especialmente en mercados como las apuestas en línea, que ya enfrentaron dificultades bajo tarifas similares que, según asociaciones del sector, contribuyeron a la caída de ingresos reales.
Los decretos entrarán en vigor mientras se tramita el examen de la Corte Constitucional, y se espera que la discusión sobre su impacto económico y social continúe en los primeros días de enero.
