El ente de control aperturó proceso de responsabilidad fiscal contra el mandatario José Elías Chams por irregularidades en varias obras públicas y demora en entregar información a tiempo y de manera completa sobre proyectos de infraestructura.
La Contraloría General de la República emitió un fallo sancionatorio por cerca de $12 millones contra el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, tras evidenciar reiteradas fallas en la entrega de información durante una Auditoría de Cumplimiento realizada al municipio en 2024, cuyos resultados fueron presentados en el marco de las actuaciones de control fiscal adelantadas en 2025.
De acuerdo con el ente de control, el mandatario local respondió de manera extemporánea, incompleta y sin cumplir los requisitos formales, lo que afectó el ejercicio de vigilancia y control fiscal sobre varias obras de infraestructura que presentan retrasos y fallas técnicas. La Contraloría señaló que la falta de información impidió cumplir plenamente los objetivos de fiscalización, especialmente en proyectos incluidos dentro de la estrategia Compromiso Colombia.
Además, el seguimiento realizado permitió establecer el incumplimiento de compromisos adquiridos en mesas de trabajo, la no atención de visitas técnicas y la reiterada omisión en el suministro de información solicitada por el órgano de control.
Procesos de responsabilidad fiscal por más de $4.700 millones
Dentro de las actuaciones adelantadas en 2025, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $4.241 millones relacionado con la obra de alcantarillado y saneamiento básico del barrio Evaristo Sourdis. El análisis técnico, financiero y jurídico evidenció deficiencias constructivas que comprometen la calidad y funcionamiento del sistema, asociadas a fallas en los diseños iniciales, uso de materiales de mala calidad e incumplimiento de especificaciones técnicas, además del pago de actividades no ejecutadas.
De igual forma, se inició otro proceso de responsabilidad fiscal por $460 millones correspondiente a las obras de adecuación del patinódromo, cuya estructura presenta deficiencias técnicas que ponen en riesgo la funcionalidad y la seguridad de los usuarios.
Proyectos de impacto nacional bajo investigación
En el marco de la estrategia Compromiso Colombia, la Contraloría también realiza seguimiento al proyecto de canalización de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto, contratado por $10.759 millones. Esta obra fue declarada de impacto nacional y su proceso de responsabilidad fiscal es adelantado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, debido a que no ha sido finalizada ni cumple con el objeto contractual. Actualmente se ordenaron informes técnicos para establecer si los valores pagados corresponden a lo efectivamente ejecutado.
Hallazgos fiscales en Plaza Central y Avenida Bogotá
Durante 2025, el ente de control adelantó una Actuación Especial de Fiscalización que arrojó hallazgos fiscales por $2.553 millones en proyectos como la Plaza Central y el mejoramiento del pavimento en la Avenida Bogotá y el corregimiento de La Peña.
En el caso de la Plaza Central, se determinó un hallazgo fiscal por $1.494 millones, al establecerse que las obras no cumplen con las especificaciones técnicas ni con la finalidad contratada. La Contraloría también cuestionó la falta de respuesta de la Gobernación del Atlántico, así como las deficiencias en la interventoría y supervisión, incluyendo pagos superiores a lo ejecutado y dobles pagos por conceptos de administración, imprevistos y utilidad. La obra permanece suspendida desde octubre de 2023.
Por su parte, en el proyecto de la Avenida Bogotá y La Peña se identificaron hallazgos por $885 millones, debido a fallas en la planeación, múltiples suspensiones y obras inconclusas. Ambos proyectos fueron declarados de impacto nacional y sus procesos serán adelantados por la Unidad Anticorrupción.
Otras obras con seguimiento especial
La Contraloría también mantiene bajo vigilancia el contrato para el suministro de agua potable a los corregimientos de Colombia y Molineros, suscrito por la Gobernación del Atlántico, el cual se encuentra suspendido por dificultades administrativas, técnicas y legales.
Asimismo, el ente de control alertó sobre la situación del Polideportivo Villa Olímpica, entregado en 2015 pero que nunca ha prestado servicio por falta de administración y sostenibilidad, y la ludoteca municipal, que aunque fue terminada, nunca entró en funcionamiento y terminó vandalizada por la ausencia de vigilancia.
La Contraloría General reiteró su compromiso de continuar con el control fiscal para proteger los recursos públicos y garantizar que las obras contratadas cumplan con su finalidad social en beneficio de la comunidad de Sabanalarga.
