El borrador del decreto ya fue radicado ante la Corte Constitucional y entrará en revisión con el fin de evaluar si cumple requisitos para aprobarlo.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro tiene listo el decreto que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en Colombia. Esta medida, justificada por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso, busca recaudar recursos adicionales para cubrir un déficit fiscal estimado en 16 billones de pesos para el Presupuesto General de la Nación de 2026.
Entre las propuestas más polémicas se encuentra el aumento temporal del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el 4×1000, que pasaría a ser 5×1000 durante el año gravable 2026.
El decreto, firmado por el presidente Petro y todos los ministros del gabinete, fue radicado ante la Corte Constitucional para su revisión. Sin embargo, debido al receso judicial que inicia este fin de semana y se extiende hasta enero de 2026, el alto tribunal no podrá pronunciarse de inmediato sobre su constitucionalidad. Esta demora ha sido calificada por opositores como una “jugadita” del Gobierno para implementar las medidas sin obstáculos inmediatos.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó en rueda de prensa que el documento ya está listo y que incluye el aumento al 5×1000, enfatizando que las medidas tributarias se dirigen principalmente a los “megarricos” y no afectarán a la clase media.
“El decreto se firmó por parte de todos los ministros y se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos, no a la clase media”, aseguró Benedetti.
El aumento al 5×1000: ¿una solución temporal o un golpe al bolsillo?
El GMF, que actualmente cobra 4 pesos por cada 1.000 pesos en transacciones financieras como retiros, transferencias y pagos, se elevaría a 5 pesos por mil en 2026. Según el borrador del decreto, esta alza sería temporal y exclusiva para ese año, con el objetivo de generar un recaudo adicional que ayude a financiar necesidades urgentes como el aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en salud y otros gastos presupuestales.
El Gobierno argumenta que la emergencia es necesaria para evitar recortes en subsidios sociales o un mayor endeudamiento externo, tras el fracaso de la reforma tributaria que buscaba recaudar recursos similares a través del legislativo. Sin embargo, críticos advierten que este impuesto impacta directamente a todos los usuarios del sistema financiero, no solo a los grandes capitales.
Otras Medidas en el Paquete Tributario
El decreto no se limita al 5×1000. Incluye un impuesto al patrimonio para personas naturales y jurídicas con patrimonios iguales o superiores a 40.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalente a unos 1.880 millones de pesos aproximadamente. Además, se propone un gravamen especial del 1 % a la extracción, venta y exportación de petróleo y carbón, aumentos en los impuestos al consumo de licores, cigarrillos y tabaco, y la aplicación de un IVA del 19 % a los juegos de azar en línea.
Estas disposiciones, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, son esenciales para conjurar la crisis fiscal derivada del desfinanciamiento presupuestal.
La Corte Constitucional será la árbitro final de esta controversia, aunque su revisión se pospondrá hasta el próximo año. Analistas predicen que, si se valida, el decreto podría entrar en vigor de inmediato, afectando la economía colombiana en un momento de incertidumbre global. Para muchos, este episodio resalta las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y plantea preguntas sobre la sostenibilidad fiscal del país.
