Los procesados se habrían aprovechado de las labores administrativas que ejercían en la unidad y falsificado planillas que daban cuenta de la entrega de raciones a uniformados que estaban en vacaciones o permisos.
Por las irregularidades detectadas en el suministro de alimentos en un batallón de infantería en Ocaña, Norte de Santander, fueron judicializados cuatro oficiales y tres suboficiales del Ejército Nacional.
Se trata del teniente coronel Nelson Cuta Silva, los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz, el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez, y los sargentos Jonathan Andrés Rojas Díaz, Leonardo Ciro López y Luis Edilson Torres Villa.
Los uniformados, que cumplían labores administrativas en la unidad militar, son señalados de gestionar, tramitar y apropiarse ilegalmente de 200 millones de pesos destinados a la alimentación y bienestar de los soldados.
Los elementos materiales probatorios indican que estarían implicados en cinco eventos delictivos en los que habrían generado y autorizado órdenes falsas de abastecimiento de víveres secos y frescos, las cuales permitieron la asignación y ejecución de partidas presupuestales.
“Posteriormente, para dar apariencia de legalidad a la entrega de la totalidad de las raciones presuntamente usaron formatos que incluían los nombres de soldados que gozaban de permisos, vacaciones o turnos de descanso, o participaban en operaciones y estaban fuera de las instalaciones. Estos documentos fueron consignados en los sistemas misionales de la entidad sin firmas o constancia de recibido por parte de los comandantes de las patrullas o pelotones que debían certificar el suministro”, específico la Fiscalía durante las audiencias.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander imputó a los uniformados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Ninguno de los imputados aceptó los cargos y por disposición de una juez penal de control de garantías, seis de los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de domicilio; mientras que el capitán Salinas Rodríguez continuará vinculado a la investigación.
