Los cuatro oficiales y tres suboficiales estarían implicados en la perdida de 16 millones de dólares dentro de un contrato millonario para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17.
El Comando General del Ejército Nacional comunicó que siete militares —cuatro oficiales y tres suboficiales— fueron capturados en las últimas horas por personal del CTI, en cumplimiento de órdenes judiciales impartidas por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación, que duró más de siete meses, señala a los uniformados de delitos como peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Según las autoridades, los implicados habrían favorecido indebidamente a la empresa Vertol Systems Company, adjudicándole un contrato por más de 32 millones de dólares para el overhaul de los helicópteros rusos MI-17, a pesar de que la compañía no contaba con las capacidades técnicas requeridas.
Las capturas se ejecutaron de manera simultánea en varias regiones del país, incluyendo la base militar de Tolemaida (Cundinamarca), Popayán (Cauca), Ocaña (Norte de Santander), Pasto (Nariño), el Fuerte Militar de Larandia (Caquetá), Bogotá y Manizales. Entre los detenidos figura el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación del Ejército.
Presuntamente, los implicados omitieron la pluralidad de oferentes, se autorizó un pago anticipado del 50 % del contrato pese a advertencias de irregularidades y se manipularon requisitos contractuales. Esto resultó en la paralización de la mayoría de las aeronaves: de 18 helicópteros MI-17, solo cinco permanecen operativos, generando un millonario perjuicio patrimonial al Estado.
Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Asimismo, el Ejército ha iniciado los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes, con el fin de asegurar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que se iniciaron procesos de sanción contra el contratista por incumplimiento y trámites para recuperar el anticipo pagado, con el objetivo de resarcir los recursos públicos. La Contraloría General de la República había alertado previamente sobre la posible pérdida de estos fondos.
