El ministro de Defensa ordenó una investigación de fondo para establecer si lo mencionado es cierto.
Un explosivo informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol ha destapado presuntos vínculos entre líderes de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá, y dos altos funcionarios del Estado colombiano: el general Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército Nacional, y Wilmar Mejía, jefe de operaciones de inteligencia en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Los documentos incautados, que incluyen chats, correos electrónicos y fotografías, sugieren infiltraciones en las estructuras de seguridad y posibles aportes a la campaña presidencial de Gustavo Petro, generando una tormenta política que obliga a investigaciones urgentes por parte de la Procuraduría y el Ministerio de Defensa.
La revelación, basada en el análisis de más de cien dispositivos electrónicos –computadores, memorias USB y celulares– incautados en julio de 2024 durante un retén militar en Anorí, Antioquia, expone un entramado de supuestos acuerdos que datan de la época de campaña electoral. En el operativo, una caravana custodiada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) transportaba a siete jefes disidentes, incluyendo al propio alias Calarcá (Alexander Mendoza Díaz), su compañera Érika y líderes como alias Ramiro y Urías Perdomo, junto con armas, dinero en efectivo y un menor de edad.
A pesar de la gravedad, la Fiscalía General de la Nación suspendió las capturas bajo el argumento de que se trataba de “delegados de paz” en las conversaciones con el Gobierno, y los dispositivos permanecieron sin investigar por casi un año.
Entre la evidencia destacada se encuentran conversaciones que detallan reuniones en Bogotá entre un emisario de Calarcá y el general Huertas, quien en febrero de 2024 –entonces asesor “a la sombra” del Ministerio de Defensa, la Inteligencia del Ejército y la DNI– habría propuesto crear una empresa de seguridad privada como fachada legal para las operaciones disidentes. Los archivos también aluden a un “pacto de no agresión” en regiones como el Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar, facilitando la movilidad de guerrilleros con órdenes de captura y evitando requisas en retenes militares.
Además, se mencionan ofrecimientos del alto mando militar para gestionar permisos de porte de armas y contactos para eludir controles. Por su parte, Wilmar Mejía aparece como puente directo en intercambios de inteligencia, con referencias a filtraciones y transacciones en zonas de conflicto.
El informe de Noticias Caracol también apunta a posibles nexos con la cúpula del Gobierno, incluyendo menciones a la vicepresidenta Francia Márquez como intermediaria en supuestos aportes financieros de alias Iván Mordisco –líder del Estado Mayor Central– a la campaña de Petro en 2022. Estos elementos han avivado acusaciones de impunidad y corrupción interna, con documentos que evidencian “acuerdos, filtraciones y transacciones” en regiones del país e incluso negocios internacionales.
Respuestas oficiales: investigaciones en marcha
La Procuraduría General de la Nación reaccionó de inmediato abriendo un proceso disciplinario contra el general Huertas y Mejía por los presuntos vínculos con las disidencias del autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), grupo que actualmente negocia con el Gobierno en el marco de la “paz total”. La entidad enfatizó la necesidad de esclarecer estas “posibles conexiones” para preservar la integridad de las instituciones.
A su vez, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una investigación interna para verificar las alegaciones, distanciándose de cualquier implicación gubernamental.
“Somos una institución fundada en el honor y la legalidad. Bajo ese principio inquebrantable, reafirmo que el Ministerio de Defensa Nacional no permitirá, bajo ninguna circunstancia, actos de corrupción, ilegalidad o traición a la Patria por parte de miembros activos, retirados o de cualquier funcionario del sector. La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará, y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia”, señaló el alto funcionario del Gobierno.
Por su lado, la DNI emitió un pronunciamiento defendiendo la presunción de inocencia de Mejía y rechazando cualquier vínculo institucional con grupos armados ilegales.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, admitió que la entidad posee el material incautado desde hace un año, pero aclaró que está “confirmando la veracidad” de la información reservada publicada por Caracol.
